El contralor general del Estado, Mauricio Torres, cumplió su primer año al frente de la Contraloría, y en una reciente entrevista, presentó un balance de los avances y desafíos que enfrenta la institución.

Destacó la implementación de tecnología, como el uso de inteligencia artificial en el análisis de declaraciones juramentadas, lo que permitirá un examen más profundo y ágil de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Torres también se refirió a la depuración interna de la Contraloría, señalando que se ha tenido que enfrentar a personal vinculado a prácticas irregulares, incluyendo 25 a 28 servidores denunciados por corrupción, filtración de información reservada y vínculos con estudios jurídicos externos. El contralor aseguró que aunque la lucha es ardua, no se detendrán en la búsqueda de personal comprometido con la corrupción.

Uno de los puntos más sensibles en la entrevista fue el uso de recursos públicos en emergencias. Torres subrayó que, aunque la situación sea de urgencia, los recursos del Estado deben ser estrictamente justificados. Este comentario surge en el contexto de la revisión de los contratos para la adquisición de generadores eléctricos, en los que se han detectado incumplimientos por parte de las empresas contratadas.

A pesar de los pagos, muchos equipos aún no están operativos, lo que genera interrogantes sobre la gestión de los recursos en un entorno de emergencia.

Torres también mencionó el caso de las fiestas de Quito, donde se inició una investigación tras denuncias sobre el uso inapropiado de fondos públicos en actividades políticas, no culturales. Además, compartió información sobre los 80 fiscales que están siendo auditados, con indicios de irregularidades, y se espera que los resultados de estos exámenes salgan a la luz en los próximos meses.