La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Lavado de Activos, conocida como “Ley Antipillos”, alegando que impone nuevas cargas tributarias a la ciudadanía.

La ley, archivada previamente por el Pleno Legislativo el pasado 27 de noviembre, fue calificada por Veloz como una norma que “más que combatir el lavado de activos, busca aumentar la carga tributaria a las familias ecuatorianas”.

En su intervención, hizo un llamado al máximo intérprete de la Constitución para que se ponga del lado de la sociedad ecuatoriana y limite el poder.

La acción legal incluye una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos de la ley mientras la Corte Constitucional (CC) emite su fallo.

La Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, vigente desde el 10 de diciembre, establece nuevas tarifas de impuestos, como el cobro adicional a la compra de vehículos usados. Estos tributos entrarían en vigor en enero de 2025, lo que ha generado rechazo entre varios sectores políticos y sociales.

Veloz, acompañada de legisladores de la bancada Revolución Ciudadana, reafirmó el respaldo del Pleno al archivo de la norma, argumentando que esta afecta principalmente a la clase media.