El caso de la vicepresidenta Verónica Abad ha encendido un intenso debate jurídico en Ecuador. Según el abogado constitucionalista André Benavidez, la decisión del Ministerio de Trabajo de suspender a la segunda mandataria por 150 días, sin goce de sueldo, no tiene sustento legal y viola principios constitucionales.

Violaciones legales en la suspensión
Durante una entrevista en Contacto Directo, Benavidez expuso las inconsistencias legales detrás de la medida. “El Ministerio de Trabajo no tiene competencia para sancionar a dignatarios de elección popular”, explicó, señalando que las únicas entidades autorizadas para procesos de fiscalización son la Asamblea Nacional o instancias previstas en la Constitución.

Además, destacó que la normativa aplicada por el Ministerio carece de claridad y que la sanción impuesta no está contemplada en el ordenamiento jurídico. Según Benavidez, este caso se sostiene en interpretaciones “antojadizas” que vulneran derechos fundamentales.

Posibles escenarios y consecuencias
El constitucionalista planteó dos posibles escenarios según lo que decida la jueza del caso. Si se acepta la acción de protección presentada por Abad, esta retomaría sus funciones y se anularía el decreto ejecutivo que nombra a Sara Moyano como vicepresidenta encargada. En caso contrario, Moyano continuaría en el cargo mientras persista la suspensión.

Sin embargo, Benavidez también advirtió que el trasfondo del caso podría tener implicaciones políticas y electorales. “Si las autoridades no cumplen con el Código de la Democracia y el marco constitucional, se abrirían puertas a sanciones y posibles juicios políticos”, agregó.

¿Una crisis de legalidad en puertas?
El caso no solo pone en tela de juicio el papel del Ministerio de Trabajo, sino también el de instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE). Benavidez criticó las posturas divergentes entre sus miembros, lo que a su juicio refleja falta de coherencia en la aplicación de las normas.

En tanto, la Corte Constitucional aún tiene pendiente resolver una consulta clave sobre la legalidad del reglamento que sustenta la suspensión. Según Benavidez, esta decisión podría ser determinante para sentar un precedente en casos similares.

El desenlace de este caso podría redefinir los límites de la legalidad en la política ecuatoriana, así como la relación entre el poder ejecutivo y las instituciones encargadas de fiscalizarlo.