La Asamblea Nacional ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de la llamada Ley ‘Anti Pillos’, argumentando que más que combatir el lavado de activos, la norma persigue fines recaudatorios. La presidenta de la Asamblea lideró esta acción legal, alegando que la ley vulnera procedimientos constitucionales fundamentales.

El abogado constitucionalista Ismael Quintana, entrevistado en Teleamazonas, explicó que la disputa se centra en dos puntos clave:

1. Competencia presidencial cuestionada: La Asamblea sostiene que el presidente no tenía atribuciones para promulgar la norma como decreto-ley, ya que el proyecto fue archivado tras el primer debate legislativo.
2. Unidad de materia: Según Quintana, la Ley ‘Anti Pillos’ incluye disposiciones que van más allá de su propósito inicial, contraviniendo el principio de unidad legislativa.

¿Qué sigue en el proceso?
La Corte Constitucional deberá determinar si admite la demanda y, de ser así, si concede una medida cautelar que suspenda temporalmente la aplicación de la ley. Esta decisión es crítica, ya que la norma incluye disposiciones tributarias que entrarán en vigor a partir de enero.

Quintana subrayó que la Corte no suele otorgar medidas cautelares, pero señaló que, en casos excepcionales, como el del acuerdo ministerial sobre migrantes venezolanos, ha actuado con rapidez. Sin embargo, el abogado expresó escepticismo sobre la celeridad de la Corte en este caso, recordando antecedentes donde los fallos han tardado años, incluso décadas.

Impacto en el orden jurídico y tributario
El abogado advirtió que, si la Corte no suspende la norma y esta es posteriormente declarada inconstitucional, podría generarse un vacío jurídico y problemas para quienes ya hubieran cumplido con sus disposiciones tributarias. Esto resalta la necesidad de una pronta respuesta por parte de los magistrados.

El debate no solo pone en jaque la validez de la Ley ‘Anti Pillos’, sino que también plantea preguntas sobre el equilibrio de poderes en Ecuador. Por ahora, todas las miradas están puestas en la Corte Constitucional y su decisión marcará un precedente en el uso de decretos-ley y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.