Eso sucede regularmente en los centros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y también con sus prestadores privados -con sus excepciones. Si es regularmente significa que no se trata de casualidades o imprevistos, sino, sencillamente, de eventos “programados” con certeza para abonar al descrédito de la entidad y para deliberadamente provocar decepción en sus dueños, los afiliados, que, sin posibilidades económicas de atenderse privadamente, son sometidos a las humillaciones y siguen, por tanto, como si fueren tontos y masoquistas, obligados a volver a ser víctimas de la inseguridad social.

Nada allí es nuevo, todo es de vieja data. El deterioro general del Instituto unas ocasiones es lento, otros más rápido y a partir de la demagógica obligatoriedad, en 2015 bajo el mentiroso nombre de Ley de Justicia Laboral, de atender a los hijos hasta de 18 años con un único aporte económico del padre, más la irresponsable eliminación del 40% del aporte estatal a las pensiones bajo el argumento de que las garantizará “cuando haga falta”, sin decir ni cómo ni con cuánto, es vertiginoso. Su situación ahora es escalofriante y da miedo. Quizás más pronto que tarde, urgentemente es mejor, se frene su desaparición y se comience la tarea de estabilización y recuperación.

Los afiliados, especialmente los jubilados y los de menores recursos económicos, masivamente acuden en búsqueda de salud al IESS y, como si nada, son tratados de la peor manera. Las consultas se concretan tras esperar meses y no es raro que, cuando al fin, pueden recibir la debida atención, el médico la ha cancelado porque “tuvo una emergencia”, “está enfermo”, “goza de vacaciones” y así por el estilo. Cuando se reclama por qué no se ha avisado oportunamente de tal situación, la respuesta, sin inmutarse, es porque no tenemos forma de hacerlo, no hay dinero para pagar ese servicio. Sucede con los exámenes de laboratorio, con las ecografías, con la rehabilitación física y demás. A eso hay que sumar la pésima atención administrativa, donde la ausencia de los servidores es normal; los certificados no están a tiempo, el horario de atención en ventanillas sólo es de 3 horas (07h00 a 10h00), etcétera, y cuando se produce el justificado reclamo y pedido de solución, con desparpajo el empleado dice: vuelva mañana, insista en hacerlo por línea (siempre caída o con problemas), vuelva a agendarse, qué más quiere que haga yo, etcétera.

Demás resulta decir que lo permanente es la escasez de medicamentos que se recetan, que las baterías sanitarias se hallan en pésimas condiciones, que los grifos si sirven dejan caer un hilo de agua, que papel higiénico -cuando hay- sólo existe al inicio del día. Los surtidores de gel para desinfección de las manos son adornos feos, están dañados, sucios y vacíos. De verdad que esto no solamente provoca coraje a los afiliados, también produce pena. Los administradores del IESS, empleados de los afiliados, deben obligatoriamente aplicarse, buscar y encontrar soluciones a su manejo. O para acertar hay que pensar mal: todo ha sido “fríamente calculado” y está desarrollándose el caos perfecto.