La comunidad de Bajada de Chanduy, en la provincia de Santa Elena, presentó una acción de protección en rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en su territorio. El juez encargado analizará el caso este viernes 20 de diciembre de 2024, tras el aplazamiento de la audiencia inicial.

Los habitantes de esta comunidad, considerada nativa de la zona, argumentan que el Estado incumplió con su obligación de realizar una consulta previa, requisito fundamental cuando un proyecto afecta a territorios ancestrales.

La construcción de esta prisión comenzó en junio de 2024 y actualmente tiene un avance del 12%, según reportes del Gobierno. Con una inversión de 52 millones de dólares, el centro penitenciario ocupará 16,2 hectáreas y tendrá capacidad para albergar a 800 reclusos, principalmente cabecillas de bandas criminales.

Este proyecto es parte del compromiso del presidente Daniel Noboa de construir dos cárceles de máxima seguridad. Sin embargo, la otra prisión, inicialmente proyectada para Archidona en la Amazonía, fue cancelada luego de 15 días de protestas lideradas por comunidades indígenas y colectivos sociales. El Gobierno decidió reubicarla en Salinas, también en Santa Elena.

La comunidad de Bajada de Chanduy no es la única en oponerse a proyectos carcelarios. Recientemente, otras comunidades como las de Pastaza han manifestado su rechazo a este tipo de construcciones, argumentando impactos negativos para sus territorios y la falta de procesos de consulta adecuados.

Este viernes, la audiencia determinará si el reclamo de la comunidad prospera, lo que podría tener implicaciones significativas para el avance de la obra y la política penitenciaria del Gobierno.