El Ministerio de Ambiente calificó como “desproporcional” la medida de racionamiento de agua implementada por el Municipio de Quito, argumentando que, lejos de ser preventiva, vulnera el derecho al agua de los habitantes. Esta conclusión surge del informe técnico No. 082-DAPS-SAPSRD-2024, elaborado tras los cortes anunciados por el alcalde Pabel Muñoz el pasado 12 de noviembre en 95 barrios abastecidos por la planta Puengasí, que depende del río Pita y carece de embalse regulador.
El Ministerio, como Autoridad Única del Agua, realizó una inspección el 26 de noviembre a la captación del río Pita. Según el informe, la planta se encontraba operativa y el líquido ingresaba sin interrupciones, aunque con reducción de caudal debido a la falta de lluvias en el páramo. Esta tendencia de disminución ya se había registrado desde mayo de 2023 y refleja la urgencia de implementar acciones para garantizar el suministro de agua cruda en la ciudad.
El informe también señala que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) no entregó información histórica sobre el comportamiento de los tanques de distribución, pero confirma una reducción del caudal desde 2022, situación que debió ser abordada preventivamente.
Por su parte, la gerente de Epmaps, Verónica Sánchez, defendió la medida de racionamiento, afirmando que los cortes fueron necesarios ante la reducción del caudal. En el sistema Pita-Puengasí, que habitualmente recibe 2.210 litros por segundo, el flujo bajó a 1.560 litros, es decir, una reducción de 650 litros por segundo. “Con menos caudal, debemos tratar y distribuir menos agua”, explicó.
Sánchez destacó que, aunque el nivel de los embalses como Salve Faccha no llegó a un estado crítico, la reciente mejoría de las lluvias permitió aumentar el caudal del río Pita, lo que motivó la suspensión temporal de los cortes de agua. Sin embargo, el Ministerio insistió en la necesidad de acciones preventivas y planificación para evitar futuras crisis.
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