En los últimos días, dos hechos de mi vida personal y cotidiana me llevaron a reflexionar sobre esta pregunta. Primero, mi seguro médico se negó a cubrir exámenes que eran cruciales para un diagnóstico. Segundo, la noticia del asesinato de un alto ejecutivo de UnitedHealthcare sacó a la luz el debate global sobre si las aseguradoras priorizan los intereses de sus clientes o sus propias ganancias.
En Ecuador, solo el 10% de la población, es decir, alrededor de 1,3 millones de personas, cuenta con un seguro privado de salud. Este sector mueve aproximadamente 700 millones de dólares anuales (datos: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SCVS).
En un país con un servicio público de salud precario, muchos ecuatorianos recurren a estos seguros como una inversión a largo plazo que reduce los costos en emergencias médicas o siniestros.
El debate global y los eventos recientes plantean una pregunta clave para Ecuador: ¿Hasta qué punto debe el Estado controlar a las aseguradoras privadas?
En Ecuador, las aseguradoras privadas de salud son reguladas principalmente por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) bajo la “Ley Orgánica que Regula a las Compañías que Financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que Ofertan Cobertura de Asistencia Médica”. Según esta entidad, entre enero de 2020 y septiembre de 2024, las aseguradoras pagaron siniestros por un total de 3.965 millones de dólares.
Sin embargo, en ese mismo periodo se registraron 5.758 quejas contra aseguradoras y empresas de medicina prepagada, principalmente por negativas o objeciones parciales en el pago de siniestros, así como dificultades para resolver conflictos contractuales. Estos procesos pueden convertirse en un vía crucis debido a la lentitud con la que se resuelven las denuncias.
Por otro lado, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) complementa esta regulación mediante la aprobación de las condiciones sanitarias de los planes de medicina prepagada.
Recientemente, la Superintendencia de Competencia Económica realizó entre los usuarios, un estudio de satisfacción sobre las compañías que ofrecen seguros médicos privados. Este análisis incluyó criterios como:
- Cobertura de preexistencias.
- Discriminación en la atención.
- Calidad del servicio.
- Movilidad de clientes entre aseguradoras.
- Incremento de primas.
- Información clara sobre los productos.
- Reclamaciones.
- Resolución de quejas.
¿Cómo evaluaría usted a su aseguradora en estos aspectos? Reflexionar sobre estos temas es crucial, especialmente cuando los servicios de salud están en el centro de debates sociales y económicos.
Este nivel de insatisfacción no es exclusivo de Estados Unidos. A medida que los sistemas de salud enfrentan crisis de funcionamiento, existe un riesgo creciente de tensiones sociales debido a decisiones arbitrarias de las aseguradoras. En Ecuador, aún queda camino por recorrer para garantizar que las aseguradoras cumplan su promesa de velar por el bienestar de sus clientes. Mientras tanto, la población debe mantenerse vigilante, informarse sobre sus derechos y no dudar en reclamar cuando se enfrenten a denegaciones injustas.
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