El gobierno de Daniel Noboa informó la tarde de este lunes 16 de diciembre, oficialmente que el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad, inicialmente planeado para Archidona, en la provincia de Napo, será trasladado a un nuevo sitio en Salinas, Santa Elena. Esta decisión llega tras más de dos semanas de intensas protestas en la Amazonía.

Protestas se intensifican en la Amazonía

Este lunes 16 de diciembre, comunidades indígenas de Pastaza se sumaron a la resistencia cerrando la vía Puyo-Macas, una de las principales arterias de la región.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) informó que la vía fue bloqueada por aproximadamente dos horas, antes de ser habilitada nuevamente alrededor de las 06:15, gracias a la intervención de la Policía Nacional. Los manifestantes utilizaron piedras, palos y lanzas para obstruir el paso.

Según un comunicado de la Confeniae, estas acciones forman parte de la solidaridad con Napo: “Esta fue la primera acción de resistencia de Pastaza. Seguiremos respaldando a la provincia de Napo, que lleva 14 días luchando contra la cárcel de Daniel Noboa”.

Radicalización de las movilizaciones en Napo

En Archidona, los manifestantes mantienen tomada la Gobernación de Napo, exigiendo la cancelación definitiva del proyecto carcelario en la Amazonía. Como parte de estas acciones, la directora de la cárcel local renunció a su cargo, mientras los líderes comunitarios evalúan nuevas medidas para radicalizar las movilizaciones.

Detalles del proyecto

El proyecto original en Archidona, que contaba con un presupuesto de 52 millones de dólares, contemplaba la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 800 presos y un tiempo estimado de ejecución de 300 días. Las mismas especificaciones se aplicarán al nuevo proyecto que se ejecutará en Salinas, Santa Elena.

Aunque el Gobierno ha reubicado el proyecto, las comunidades amazónicas consideran que esta acción no responde a sus demandas y advierten que las movilizaciones seguirán. Para ellos, la construcción de una cárcel en la Amazonía representa un atentado contra sus derechos territoriales y un desconocimiento de sus necesidades como región.

La decisión del traslado no ha disipado las tensiones, y el conflicto entre el Gobierno y las comunidades indígenas marca uno de los momentos más críticos de la administración de Daniel Noboa.