En Cuenca, el Ministerio de Trabajo destituyó a Lourdes Angélica Terreros, hija de la sindicalista Rosa Argudo, tras descubrir que las máquinas expendedoras de alimentos instaladas en casas de salud de la ciudad, incluyendo el Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), eran de su propiedad.

La desvinculación de Terreros, confirmada por asambleístas de Azuay el pasado domingo 15 de diciembre de 2024, también incluyó la medida de “visto bueno”, lo que le impide recibir indemnización. Según el Ministerio, las investigaciones concluyeron que hubo conflictos éticos y posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Reacciones y acciones legales

Adrián Castro, asambleísta de Azuay, expresó en sus redes sociales: “Nunca más intenten mercantilizar la salud en el IESS”. Por su parte, Sofía Sánchez destacó los resultados de la fiscalización en este caso: “Colegas, nuestro proceso de fiscalización da resultados”.

El asambleísta Leonardo Berrezueta fue más enfático al exigir que la fiscalía actúe rápidamente: “Es fundamental que presenten cargos contra Rosa Argudo y todos los implicados. Consideramos que la señora debería estar tras las rejas”.

Rosa Argudo, quien fungió como secretaria del Sindicato Único de Trabajadores del IESS, también se encuentra bajo la lupa. En septiembre de 2024, fue despedida tras 36 años de servicio en la institución, y actualmente enfrenta acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias. Argudo ha presentado una acción legal argumentando “despido ineficaz”.

Hallazgos de la investigación

El caso comenzó a investigarse formalmente en agosto de 2024, cuando cinco asambleístas de Azuay presentaron un informe preliminar sobre posibles irregularidades vinculadas a Rosa Argudo y su círculo cercano. Entre los hallazgos destacados se incluyen:

• Supuestas capacitaciones para ascensos con pagos realizados a cuentas personales.
• Transacciones de compraventa de un hotel en Cuenca entre familiares de Argudo y la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores de la Seguridad Social (Cetoss).
• Firma de convenios con empresas y personas para evadir procesos de contratación pública.
• Presunto enriquecimiento patrimonial de Argudo y su familia.
• Familiares de Argudo y otros dirigentes sindicales empleados en el IESS.

Panorama judicial

Con la destitución de Angélica Terreros, el Ministerio de Trabajo ha dado un primer paso para sancionar las irregularidades en el sistema de salud pública. Sin embargo, las autoridades han solicitado que la fiscalía acelere el proceso contra Rosa Argudo y otros implicados en este polémico caso que pone en el centro del debate la ética en la gestión de los recursos públicos.