La presidenta de Perú, Dina Boluarte, planteó la necesidad de aprobar la pena de muerte para violadores de menores, en respuesta al brutal asesinato de una niña de 12 años en un barrio marginal de Lima.

La menor, reportada como desaparecida, fue encontrada días después sin vida, escondida bajo la cama de Gerson J., un hombre de 26 años, quien ya se encuentra bajo prisión preventiva por orden judicial.

Con evidente indignación, Boluarte declaró:
“Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”.

La mandataria considera que crímenes como este requieren medidas drásticas, aunque reconoce que la implementación de la pena capital implicaría reformas constitucionales y enfrentaría desafíos por los compromisos internacionales de Perú, como el Pacto de San José, que prohíbe la pena de muerte en países adherentes.

La propuesta generó opiniones divididas. Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, rechazó tajantemente la idea, calificándola como una medida retrógrada:

“La pena de muerte es una medida salvaje y ha sido superada en sociedades democráticas”.

En Perú, la cadena perpetua ya se aplica a violadores de menores, y actualmente 8.491 personas cumplen condenas por este delito, según datos del Instituto Nacional Penitenciario.