La Asamblea Nacional ha convocado para mañana, viernes 13, a las 11:05, una sesión del Pleno para debatir y resolver sobre la promulgación del proyecto de “Ley Antipillos”, aprobado vía Decreto-Ley por parte del Presidente de la República. 

Según la Legislatura, para la publicación en el Registro Oficial no se cumplió con lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Política. Dicho artículo dispone que: “Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, el Presidente de la República lo promulgará como Decreto-Ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución”. 

El mundo jurídico está dividido sobre el procedimiento seguido. Hay quienes argumentan que era necesario un debate o dos para archivar el proyecto de ley, mientras que otros discuten si la decisión del Ejecutivo de promulgar la ley mediante Decreto-Ley fue constitucional. 

Por otra parte, algunos aspectos de la ley, ahora en plena vigencia, han pasado desapercibidos. El abogado Joffre Campaña señaló en su cuenta de X (antes Twitter): “Mientras se preocupan por el impuesto a los vehículos, casi desapercibida pasa una disposición que permite congelar activos ante simples sospechas. Es el mayor instrumento de persecución que existe hoy en el país. Es el artículo 16, tercer inciso, de la ley para mejora recaudatoria o Ley Antipillos. No se dan cuenta de que otro gobierno, corrupto o resentido, podría congelar los activos del Grupo Noboa por simples sospechas. ¿No miden las consecuencias? ¡Esto es un búmeran!”. 

El constitucionalista Ismael Quintana, por su parte, afirmó que la Corte Constitucional es la única instancia que puede resolver si el artículo 60 de la Ley de la Función Legislativa, que permite archivar proyectos de ley en primer debate, es o no conforme a la Constitución. 

En el ámbito político, el debate se intensifica. Críticos acusan al presidente Daniel Noboa de autoritario, mientras sus aliados defienden la “Ley Antipillos” como una herramienta positiva para el país.