El Gobierno Nacional adjudicó la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona, provincia de Napo, en medio de fuertes protestas de comunidades indígenas y organizaciones sociales que rechazan el proyecto.

Desde hace más de una semana, comunidades lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) han expresado su oposición al proyecto. Exigen una consulta previa y advierten con radicalizar las movilizaciones si el Gobierno no atiende sus demandas.

La obra, con un presupuesto de 52 millones de dólares, forma parte de la estrategia del presidente Daniel Noboa para recluir a cabecillas de bandas criminales y reos de alta peligrosidad. La cárcel tendrá capacidad para 800 internos y se espera que esté lista en 300 días.

El proceso de adjudicación, realizado por el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Luis Zaldumbide, ha sido declarado como reservado, lo que ha generado más cuestionamientos.

La construcción de otro centro penitenciario similar en Santa Elena también enfrenta rechazo de la población local, quienes han recurrido a acciones legales para frenar el avance de la obra, que actualmente tiene un 12% de avance.