La controversia sobre la publicación de la denominada “Ley Antipillos”, decretada por el presidente Daniel Noboa tras el archivo legislativo en su primer debate, ha desatado un debate constitucional en Ecuador. En el programa Vera A Su Manera, los constitucionalistas Miguel Hernández y Pedro Valverde analizaron el tema desde perspectivas opuestas, aportando claridad a un conflicto que podría sentar precedentes legales en el país.

El Dr. Hernández, experto en derecho constitucional, respaldó la decisión del Ejecutivo de promulgar la ley tras considerar que el archivo en primer debate por parte de la Asamblea Nacional contradice la lógica y el sentido de los proyectos económicos urgentes. Según Hernández, la Constitución establece que las leyes económicas urgentes deben agotarse en un debate completo, lo que implica su discusión y decisión en dos instancias legislativas.

“El espíritu de la Constitución busca que estos proyectos, de alta relevancia económica, sean debatidos en su totalidad. El archivo en primer debate quiebra esa lógica deliberativa que es esencial en una democracia”, explicó Hernández.

Además, el constitucionalista subrayó que el artículo 425 de la Constitución otorga a toda autoridad administrativa, incluida la Presidencia, el deber de garantizar la supremacía de la norma jerárquicamente superior. Según este principio, el presidente Noboa habría actuado dentro de sus facultades al ordenar la publicación de la ley para resolver el conflicto entre disposiciones de rango inferior y la Constitución.

La posición crítica de Pedro Valverde

Por su parte, el abogado y constitucionalista Pedro Valverde expresó una opinión contraria, calificando la decisión del Ejecutivo como “un camino confuso y riesgoso”. Para Valverde, la Asamblea Nacional tomó una decisión que se presume válida y legal, y cualquier desacuerdo por parte del Ejecutivo debía haberse resuelto mediante una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

“El presidente no puede desconocer un acto del Legislativo, incluso si considera que fue errado. La solución debió haber sido un reclamo formal ante la Corte Constitucional, no la publicación de la ley por su cuenta. Esto genera inseguridad jurídica y un riesgo de que la Corte dé la razón a la Asamblea”, señaló Valverde.

El Dr. Hernández destacó que esta situación abre un debate jurídico inédito: “El conflicto tenía que darse para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la vigencia de una ley publicada bajo estas circunstancias. Aunque no es el primer choque entre poderes, este caso marcará un precedente importante”.

Por otro lado, Valverde enfatizó que este tipo de disputas deben manejarse con mayor cautela para evitar afectar la confianza en el sistema jurídico del país: “El gobierno está jugando una estrategia arriesgada. Si la Corte da la razón a la Asamblea, la credibilidad del Ejecutivo podría quedar severamente afectada”.

El futuro de la “Ley Antipillos” y el alcance de las facultades del Ejecutivo y Legislativo quedarán en manos de la Corte Constitucional, que deberá resolver si el procedimiento seguido para su publicación respeta o contradice el marco jurídico establecido.