El Gobierno del presidente Daniel Noboa promulgó la “Ley Antipillos”, mediante la cual entraron en vigor los impuestos progresivos en la venta de vehículos usados, con tasas que van desde el 0,75 % hasta el 5 %. 

El impacto más significativo de este impuesto se siente en la compraventa de vehículos usados cuyo precio supera los 50.000 dólares. El tributo será exigido al momento de la matriculación del vehículo. 

La norma establece que la base imponible para calcular el impuesto no puede ser inferior al avalúo registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Según el oficialismo, se aplicará la tabla discutida en la Asamblea Nacional, que incrementa el tributo solo a los vehículos con un valor superior a 50.000 dólares. Además, la norma deroga el impuesto conocido como Fonvial y crea un nuevo tributo con una tabla progresiva que será detallada en el reglamento correspondiente. 

La Asamblea Nacional rechazó la publicación del decreto ley en el Registro Oficial y anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad. 

El secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, afirmó que la acción y el procedimiento del Ejecutivo podrían constituir el delito de arrogación de funciones. Por su parte, Otto Vera, primer vicepresidente del Parlamento, señaló que la intención del presidente de enviar el decreto ley infringe lo dispuesto en la Constitución.