Este martes 10 de diciembre de 2024, fue publicada en el Registro Oficial la Ley para la Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos, conocida también como la Ley Antipillos.

La promulgación se realizó por decreto del presidente Daniel Noboa, quien tomó esta medida a pesar de que la Asamblea Nacional había archivado el proyecto en su primer debate.

El presidente Noboa defendió la promulgación, argumentando que, aunque el proyecto fue rechazado en primer debate, tenía carácter de “económico urgente” y, por tanto, debía haberse debatido al menos en dos ocasiones.

Sin embargo, el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, anunció que si el Ejecutivo publica la ley en el Registro Oficial, la Asamblea activará una demanda de inconstitucionalidad.

Entre los puntos destacados de la ley figuran:

• Un impuesto a la compra y venta de vehículos de más de USD 50,000.
• La transformación de clubes deportivos en sociedades anónimas.

El debate sobre la validez de la promulgación se centra en la interpretación de la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los juristas se han dividido en dos posiciones:

1. La Asamblea y su postura constitucionalista: La mayoría en la Asamblea defiende que, conforme al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Parlamento tiene la potestad de archivar un proyecto en su primer debate, lo que hicieron en este caso. Según el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre los proyectos económicos urgentes, pero no está obligada a aprobarlos.
2. El Gobierno y su defensa de los dos debates: Por otro lado, el Ejecutivo apoya la tesis basada en el artículo 137 de la Constitución, que establece que los proyectos de ley deben ser sometidos a dos debates en la Asamblea. El jurista Pablo Santillán señala que el Presidente no se atribuyó funciones extra, sino que actuó en base a una resolución previa de la Corte Constitucional, que validó la promulgación de decretos ley en situaciones excepcionales, como la muerte cruzada de Guillermo Lasso en 2023.

El conflicto constitucional generado por la promulgación de esta ley deberá ser resuelto por la Corte Constitucional, a la cual se le planteará una demanda de inconstitucionalidad.

Mientras se dirime el futuro legal de la ley, se espera que los legisladores continúen luchando para que sus posturas sean escuchadas, mientras que el Ejecutivo defiende la urgencia y la necesidad de implementar reformas para frenar el lavado de activos en el país.