En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, resulta fundamental destacar la reciente decisión de la Corte Constitucional de revisar y aceptar las acciones de protección interpuestas contra la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. Este fallo, a favor de las personas afectadas por sus prácticas, constituye un hito significativo en la lucha por los derechos humanos en Ecuador.

Durante más de cinco décadas, esta empresa implementó dinámicas laborales similares a la esclavitud, perpetuando la explotación y el abuso en contra de grupos históricamente excluidos: población en situación de pobreza y pobreza extrema.

Los representantes de Furukawa aprovecharon la vulnerabilidad de quienes vivían en campamentos dentro de sus haciendas, ubicadas en las provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, sometiéndolos a jornadas extenuantes de trabajo y obligándolos a vivir en condiciones inhumanas: sin electricidad, agua potable ni instalaciones sanitarias. Cabe mencionar que el ciclo de explotación se replicaba con hijos y nietos.

Estas acciones también fueron dirigidas a los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, quienes, según la sentencia, no adoptaron medidas de prevención y protección frente a estas violaciones. Su inacción permitió la perpetuación de estas prácticas de servidumbre. La Corte declaró que estas acciones violaron la prohibición de la esclavitud, atentando contra la dignidad humana de los abacaleros y arrendatarios.

Algo sumamente importante también, en términos de prevención, fue la disposición a la Superintendencia de Compañías de generar un Registro de Empresas que podrían incurrir en este tipo de prácticas, con el fin de darles seguimiento.

El máximo órgano de justicia constitucional del país ordenó a Furukawa el pago de una reparación económica por daño material e inmaterial, además de emitir disculpas públicas. Asimismo, dispuso que el Estado ecuatoriano adopte medidas de reparación integral para las víctimas y fortalezca los mecanismos de control y regulación, con el objetivo de prevenir que situaciones similares se repitan.

Reparación integral y políticas públicas

Como parte de la reparación integral, la Corte ordenó:

1. La creación de una política pública interinstitucional, liderada por el MIES y el Ministerio de Trabajo, para abordar y superar las causas estructurales que propiciaron prácticas análogas a la esclavitud.
2. Reformas legales dirigidas a prevenir la impunidad corporativa y erradicar prácticas laborales precarias en el ámbito agrícola.
3. La producción de un documental y expresiones artísticas que generen memoria sobre estos hechos.
4. La declaración de un día nacional de conmemoración para las víctimas de Furukawa.
5. La difusión de la sentencia, a fin de garantizar que estos hechos no queden en el olvido.

No podemos ignorar que este tipo de prácticas no son casos aislados en Ecuador. Persiste la explotación en sectores laborales vulnerables, por la inacción de instituciones como el Ministerio del Trabajo. Esta institución, lejos de proteger a las y los trabajadores, ha demostrado en varias ocasiones una tendencia a priorizar los intereses de empresarios y patrones, en detrimento de los derechos laborales fundamentales.

Es urgente que las autoridades y la sociedad civil trabajen conjuntamente para erradicar todas las formas de explotación laboral. Solo así podremos avanzar hacia un país donde la dignidad y los derechos humanos sean garantizados para todas las personas.