El proyecto minero Loma Larga, ubicado en el páramo de Quimsacocha en Azuay, ha generado un nuevo cruce de opiniones entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y Etapa, la empresa pública de agua potable de Cuenca. Ambas instituciones discrepan sobre los efectos que la explotación minera podría tener en los recursos hídricos y la biodiversidad de la zona.

María Luisa Cruz, viceministra del Agua, afirmó que los estudios ambientales realizados por el Ministerio y la empresa concesionaria muestran que los parámetros hídricos están dentro de los límites permitidos. Según Cruz, las muestras de agua analizadas descartan la presencia de metales pesados que podrían impactar la calidad del recurso. “Hay un estudio de impacto ambiental aprobado en marzo de 2024, cuyos datos son más recientes y exhaustivos que los utilizados por Etapa”, subrayó.

Por su parte, María Verónica Polo, gerente de Etapa, alertó que el proyecto minero podría causar afectaciones graves a la salud humana, el ganado y los cultivos debido a la acumulación de metales pesados. Polo señaló que el páramo de Quimsacocha es una zona clave para la recarga hídrica del área protegida de El Cajas, donde nacen los ríos Tarqui y Yanuncay, que abastecen a Cuenca. Según Etapa, los impactos ambientales se extenderían más allá de las 2,149 hectáreas de concesión minera.

Mientras el Ministerio defiende la solidez de los análisis presentados por la empresa minera, Etapa considera que estos son insuficientes para garantizar la protección del ecosistema y las fuentes hídricas. “Los estudios no llegan a la profundidad necesaria para asegurar que los impactos se minimicen”, expresó Polo.