Por Diego Torres Hadathy – Corresponsal en Estados Unidos

Cientos de ecuatorianos regresan a su país ante el anuncio del presidente electo, Donald Trump, de utilizar todos los medios legales y militares para expulsar a miles de migrantes indocumentados.

“Mejor me voy por mi propia voluntad antes de que me detengan en la calle y me saquen del país” dice Marco que, como muchos migrantes, no sabe si podrá seguir en Estados Unidos cuando el nuevo presidente asuma el 20 de enero próximo. Llegó por el Darien y después de dos años de trabajar en una empresa de remoción de escombros y de tratar de pagar sus deudas en Ecuador viajará este fin de semana a Tena, en donde vive su familia.

Marta es una ecuatoriana que está detenida por un escándalo familiar en una cárcel en Pennsylvania. Luego de una pelea con su pareja, la policía levantó cargos criminales contra ella y ha gastado alrededor de 4.000 dólares en su defensa. Cree que podría ser deportada antes de fin de año, pues los oficiales de migración mantienen controles fuera de las cortes para interrogar a las personas que salen en libertad. “Eso significa que si soluciono lo uno, nadie me va a librar del otro problema y posiblemente me detengan y me deporten”, dice entre lágrimas.

Héctor, un mexicano que llegó hace 4 años, es más optimista. “No creo que el nuevo presidente quiera sacarnos a todos. Nosotros trabajamos en las fábricas, en las construcciones, en los puentes, en las carreteras, en los supermercados. La mala gente si debe irse, en eso estoy de acuerdo”.

Esa incertidumbre y la enorme ola de rumores se multiplicaron con el anuncio del nombramiento de Tom Homan como el “Zar de la Frontera”, quien se encargará de ejecutar “el programa más grande de deportaciones en la historia norteamericana” anunciado por Trump.

Homan fue director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) entre enero de 2017 y junio de 2018 y varios analistas lo responsabilizan de haber separado a miles de niños de sus familias.

“Ahora las familias podrán ser deportadas unidas”, responde Homan ante las críticas. Trabajó para seis presidentes, desde el gobierno del presidente Ronald Reagan (1981–1989) y es conocido por su estricta política de control de la migración. “Esto no afecta a la comunidad migrante, esto afecta a la comunidad migrante ilegal”, explicó a la cadena NBC News.

Según el Consejo Norteamericano de Inmigración el costo para deportar a un millón de indocumentados al año es de aproximadamente 88 billones de dólares.

Pero el “border czar” como lo bautizó Trump, no hace sino ratificar lo que dijo su jefe durante la campaña: “Desde el día 1 lanzaré el programa de deportación para sacar a los criminales. Rescataré cada ciudad y pueblo que haya sido invadido.  Pondré a estos criminales viciosos y sedientos de sangre en la cárcel y los sacaré del país lo antes posible”.

“Esto es algo que debemos hacer”, aseguró Homan. Y parece que nadie podrá oponerse ni parar la orden de Trump. El alcalde demócrata y opositor de la ciudad de Denver (Colorado), Mike Johnston, anunció la semana anterior que no expulsará a los migrantes indocumentados que viven en esa zona. “Habrá que llevarlo preso”, sentenció el Zar. (DTH)