La empresa Furukawa, de capital japonés, calificó este sábado 7 de diciembre como “imposible de cumplir” la sentencia emitida por la Corte Constitucional (CC), que la condenó por prácticas de esclavitud moderna en sus plantaciones de abacá. La compañía considera que la resolución es desproporcionada y amenaza los derechos de sus trabajadores actuales, por lo que solicitará una aclaración del fallo.

El pasado 4 de diciembre, la CC declaró a Furukawa responsable de mantener un régimen de servidumbre de la gleba durante más de cinco décadas, afectando a cientos de trabajadores en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según la sentencia, la empresa deberá pagar indemnizaciones por un total de más de 41 millones de dólares, incluyendo 120.000 dólares para cada una de las 342 víctimas identificadas.

Además, se ordenó un pago adicional de 5.000 dólares a víctimas mujeres, menores de edad, mayores de 65 años o que hayan sufrido amputaciones trabajando en la cosecha de abacá, una fibra textil extraída de una planta similar al plátano.

En un comunicado, la compañía argumentó que la sentencia carece de fundamento jurídico y que dos jueces disidentes resaltaron serias fallas conceptuales en el fallo. Furukawa señaló que el fallo exige reparaciones por hechos ocurridos antes de 2019, pese a que una nueva administración implementó desde ese año reformas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales y normativas vigentes.

La empresa también destacó que el fallo ignora situaciones como la ocupación ilegal de más de 300 hectáreas de su propiedad desde 2019, lo que, según Furukawa, ha beneficiado económicamente a los demandantes. Asimismo, cuestionó que se le atribuyan responsabilidades por carencias estructurales como la falta de acceso a servicios básicos en áreas rurales.

“El fallo no solo trasciende el propósito de reparación, sino que compromete la sostenibilidad de la empresa y pone en riesgo los derechos de cientos de trabajadores actuales que dependen de esta actividad para su sustento”, advirtió Furukawa. La compañía anunció que solicitará una revisión de la sentencia para corregir las supuestas inconsistencias.

Condena histórica

La CC concluyó que la empresa sometió a generaciones de trabajadores a condiciones de servidumbre, obligándolos a vivir en campamentos sin agua potable, electricidad ni acceso a educación y salud. Además, acusó a Furukawa de usar contratos para aparentar legalidad en estas prácticas.

La Corte también responsabilizó a instituciones estatales, como los ministerios de Trabajo, Salud, Educación y Gobierno, por no prevenir ni proteger a los trabajadores frente a estas violaciones de derechos humanos.

Este caso ha sido señalado como un precedente histórico en la lucha contra prácticas análogas a la esclavitud en Ecuador y ha generado reacciones tanto a nivel nacional como internacional.