En una entrevista con La Hora, Igor Krochin, presidente de Telconet, denunció este sábado, lo que considera un intento de “confiscación” de bienes privados tras la resolución de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) que declara la extinción del título habilitante del cable submarino operado por la empresa. Krochin calificó la medida como injustificada, señaló motivaciones políticas detrás de la decisión y advirtió sobre los riesgos que esta acción podría tener para la conectividad del Ecuador.

Ante la pregunta de si hubo dinero de la corrupción de Odebrecht en el proyecto del cable submarino, Krochin fue enfático al rechazar estas acusaciones. Explicó que, tras siete años de investigaciones de la Fiscalía con asistencias internacionales de países como Estados Unidos y China, se concluyó que no hubo irregularidades.

“Finalmente, la Fiscalía determinó que no existió nada anómalo en las transacciones vinculadas al cable submarino. Un juez incluso ordenó devolvernos los $13 millones que debimos consignar durante la investigación”, afirmó Krochin. Además, acusó a sus detractores de usar el caso como un arma mediática basada en rumores y odio.

Según Krochin, Arcotel no notificó a Telconet sobre posibles irregularidades antes de emitir la resolución que pone fin al título habilitante del cable submarino. “Se habla de hechos ocurridos hace más de ocho años, todos ya resueltos en su momento”, explicó. Además, argumentó que informes financieros y otras garantías fueron presentados, pero ignorados por el regulador.

Criticó el uso de informes de la Contraloría, generados en épocas cuestionadas, como base para justificar la decisión. “Ese informe fue objetado en el Tribunal Contencioso Administrativo Financiero, que lo declaró no legal”, añadió.

El presidente de Telconet advirtió que la decisión pone en riesgo la estabilidad de la red de Internet en el país. Señaló que en manos del Estado, la administración del cable podría ser desastrosa. “El Estado no puede garantizar servicios básicos como electricidad, salud o seguridad, y ahora pretende manejar algo tan complejo como un cable submarino”, criticó.

Rechazó además la noción de reversión de bienes, argumentando que el proyecto no involucró recursos estatales. “Esto no es una reversión, es una confiscación. El Estado no puso ni un centavo en este proyecto”, aseguró.

Krochin expresó que la resolución es un pésimo mensaje para los inversionistas nacionales e internacionales. La empresa tenía planes para desplegar una nueva fibra óptica hacia Estados Unidos en marzo de 2025, lo que habría creado el primer anillo de conectividad en Sudamérica.

“A través de un cable submarino no vienen drogas, no vienen terroristas, solo vienen datos que benefician al país. Esto hubiera sido un avance importante para la innovación tecnológica en el Ecuador”, lamentó.

A pesar de los problemas, Krochin aseguró que Telconet no abandonará el país. “Somos ecuatorianos, y aunque enfrentamos cosas irracionales que huelen a venganza política, seguiremos luchando aquí”, concluyó.

La batalla legal ya está en marcha, y Telconet busca revertir la resolución ante las instancias judiciales correspondientes, defendiendo lo que consideran sus derechos como empresa privada y su compromiso con la conectividad del Ecuador.