La Corte Constitucional de Ecuador emitió la Sentencia 1072-21-JP/24, en la que declara que la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador mantuvo prácticas análogas a la esclavitud en sus haciendas durante más de cinco décadas. Como resultado, ordenó una reparación económica a favor de 342 trabajadores afectados. 

Según la Corte, Furukawa implementó un sistema de servidumbre conocido como servidumbre de la gleba, en el cual personas en condiciones de extrema vulnerabilidad eran obligadas a vivir en campamentos precarios dentro de las haciendas y trabajar en la cosecha de abacá, beneficiando exclusivamente a la empresa. 

La sentencia también cuestiona el papel de varias entidades estatales, señalando que estas fallaron en su deber de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. 

El 12 de diciembre de 2019, Segundo Ordóñez Balberde, actuando como procurador común de 123 personas afectadas, presentó una acción de protección contra Furukawa. Este proceso marcó el inicio de un debate sobre las condiciones laborales en la empresa, que culminó con el fallo de la Corte. 

Con esta decisión, la Corte Constitucional busca reparar las vulneraciones sufridas por las víctimas y enviar un mensaje contundente contra la explotación laboral y la negligencia institucional.