El informe de fiscalización sobre el acuerdo de crédito firmado entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 25 de abril de 2024, elaborado por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, ha propuesto varias acciones importantes.

Entre las recomendaciones destacadas está la declaración de “ilegitimidad” de la deuda derivada de este acuerdo, debido a su falta de aprobación por el Legislativo, lo que contraviene lo establecido en la Constitución ecuatoriana.

El informe de 169 páginas presenta un análisis exhaustivo sobre el acuerdo con el FMI, detallando cómo este compromiso conlleva obligaciones que afectan tanto a la soberanía económica como a los derechos humanos y sociales de los ecuatorianos. Entre las conclusiones clave se destacan las siguientes:

1. Violación de derechos humanos: El FMI impone metas que contravienen el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales, a la salud y a la educación.
2. Condiciones del préstamo: El crédito otorgado por el FMI no está destinado a financiar el gasto social o proyectos de infraestructura que beneficien a los ciudadanos, sino a pagar deudas previas con el FMI y otros acreedores externos.
3. Inconstitucionalidad: El acuerdo suscrito incumple los artículos 418 y 419 de la Constitución, que requieren la aprobación de la Asamblea Nacional para cualquier tratado internacional que implique reformas a la normativa ecuatoriana. Además, el informe resalta que el Gobierno no ha cumplido con la resolución que le instaba a presentar este acuerdo al Legislativo.
4. Impacto social y económico: El acuerdo también aborda la eliminación de subsidios a la gasolina y el diésel, pero el Gobierno no ha presentado estudios económicos que respalden estas medidas, las cuales podrían incrementar la pobreza y afectar los derechos sociales de la población.
5. Soberanía: El informe sostiene que el acuerdo atenta contra la soberanía política, económica y alimentaria de Ecuador, al imponer condiciones regresivas que afectan el bienestar de los ecuatorianos.

Recomendaciones del informe:

• Declarar la ilegitimidad del acuerdo con el FMI.
• Solicitar que la Asamblea active los mecanismos para pedir la inconstitucionalidad del acuerdo.
• Iniciar un juicio político contra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega.
• Exhortar al Gobierno de Daniel Noboa a abstenerse de cumplir con los pagos derivados de este acuerdo y solicitar al FMI la condonación de las sobretasas impuestas a Ecuador.

El informe, que será debatido en el pleno de la Asamblea Nacional este 4 de diciembre, plantea que el acuerdo con el FMI debería ser revisado y reconsiderado por las autoridades, dada su falta de validez constitucional y los posibles efectos negativos sobre el país.