La reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna ha desencadenado un intenso debate en el país. Esta normativa, que prohíbe la venta libre de leche de fórmula, constituye un obstáculo significativo para la salud pública y los derechos de madres y la infancia.

La restricción impuesta por esta ley limita el acceso a un suplemento esencial para aquellas madres que no pueden ofrecer lactancia materna exclusiva. Al obligarlas a buscar prescripción médica, no solo se restringe su autonomía, sino que también se incrementan los gastos al tener que pagar por consultas médicas adicionales. Esta barrera resulta aún más compleja en un contexto socioeconómico donde muchas familias ya enfrentan dificultades económicas.

La promoción de la lactancia materna debe ser una prioridad estatal, pero no puede implementarse a costa de los derechos de las madres y la infancia. La ley, tal como está planteada, desconoce la diversidad de realidades que enfrentan las familias ecuatorianas y carece de una perspectiva de género. Además, refleja la falta de diálogo con organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres y niñez. Estas medidas deben garantizar no solo el bienestar de los infantes, sino también la dignidad y autonomía de las madres.

Son múltiples las circunstancias que llevan a muchas madres a optar por la leche de fórmula: pobreza, exclusión social, reincorporación temprana al trabajo tras el parto, problemas médicos como baja producción de leche, infecciones recurrentes, mastitis, depresión posparto, y condiciones crónicas como el VIH, entre otras. Estas realidades no pueden ser ignoradas por una legislación que, en teoría, busca proteger la maternidad y la infancia.

La normativa aprobada también contradice principios internacionales, como el artículo 7 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), que establece el derecho de toda mujer en estado de gravidez o lactancia, y de todo niño, a recibir protección, cuidado y ayuda especiales.

Por todo esto, lo aprobado por la Asamblea constituye un atentado contra los derechos de las mujeres y la niñez. Es imperativo adoptar las medidas necesarias para detener este despropósito. Asimismo, la opinión pública debe condenar enérgicamente a quienes respaldaron una norma restrictiva y regresiva en materia de derechos.

La protección de la lactancia materna es fundamental, pero no puede alcanzarse mediante la imposición de barreras y limitaciones. Una política pública eficaz debe fomentar la lactancia materna desde la educación, el acceso a servicios de salud y el apoyo económico, sin restringir opciones necesarias para quienes no pueden optar por ella. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad que verdaderamente respalde la maternidad sin sacrificar la dignidad y las necesidades de quienes más lo necesitan.