Todos los estudiosos de los sistemas de administración de justicia del mundo sostienen que una sociedad que tiene un sistema de justicia corrupto, es una sociedad condenada al fracaso en todos los órdenes. Es una sociedad fallida, en la que, independientemente de que existan ciudadanos con buenas propuestas para un cambio social, jueces y operadores de justicia honestos y sapientes, y ciudadanos que claman por una justicia imparcial y correcta, si esa administración de justicia está secuestrada por mafias de diferentes tipos delictivos, esa sociedad no cambiará y se acostumbrará a mirar con naturalidad las peores injusticias. En nuestro país, la sociedad ecuatoriana, excepto sus secuestradores, tiene una inmensa desconfianza en la función justicia, porque considera que en ésta hay mucha corrupción, no hay independencia judicial y que el tráfico de influencias es evidente; que está sometida a la influencia política, que la mayoría de jueces y fiscales están sujetos a las órdenes de capos de la política y, que la designación y remoción de jueces y fiscales responde a los designios de esos capos y de sus agrupaciones políticas legalmente reconocidas y de las que actúan fuera de la ley. Sin embargo, y esto es alentador, una buena parte de la colectividad reconoce que hay jueces y fiscales correctos que actúan apegados al derecho y al principio de imparcialidad.

Algunos observatorios sobre la administración de justicia ecuatoriana señalan como un aspecto fundamental de lo negativo de ésta, a la corrupción como factor determinante de su principal deterioro, por las denuncias y comprobaciones del pago de sobornos para obtener resoluciones que favorecen a implicados directos e indirectos en los casos más sonados de estos últimos tiempos y por consiguiente la falta de transparencia en las actuaciones y en la toma de decisiones judiciales. También han detectado otros problemas, como la ineficiencia y lentitud en la resolución de las causas; la falta de información y orientación para los ciudadanos sobre cómo acceder a la justicia y cómo opera el sistema judicial;  la percepción y en la mayoría de los casos la casi seguridad de que los jueces y fiscales no son imparciales y que toman decisiones basadas en intereses personales o políticos; la falta de respeto a los derechos humanos de los usuarios por parte de los operadores de justicia y la casi convicción de que en la administración de justicia de nuestro país no se protege adecuadamente a las víctimas de delitos y abusos.

En términos generales se puede señalar que la administración de justicia en Ecuador enfrenta varios desafíos relacionados con la corrupción. Algunos de los principales problemas detectados por estos Observatorios y analistas  incluyen: a) Sensación de impunidad por parte de usuarios y Abogados litigantes y la percepción de que los funcionarios de otras funciones del Estado y políticos fuertes pueden actuar con impunidad sobre los operadores de justicia, sin temor a ser castigados por sus acciones corruptas; b) La concentración de poder en capos de la política con nexos con las diferentes agrupaciones delictivas, y su ejercicio de chantaje, extorsión y amenazas a  muchos operadores de justicia, para que se den las decisiones judiciales que ordenan; c) La falta de transparencia y rendición de cuentas de quienes expiden esas decisiones y la inacción de autoridades que tienen la obligación de exigir a los operadores de justicia esas cuentas y establecer mecanismos de evaluación permanentes de las resoluciones y actuaciones de esos funcionarios de justicia; d) Desconfianza en la función pública, en la que incluyen a los operadores de justicia, pues existe la percepción de que los funcionarios públicos están más interesados en su propio beneficio que en servir a la ciudadanía; e) Falta de recursos humanos, materiales y tecnológicos y falta de capacidades congnitivas de un buen número de operadores judiciales en el desempeño de sus funciones, que afectan a una marcha más expedita de la tramitología judicial y fiscal.

Estos problemas han llevado a una opinión generalizada de corrupción en la administración de justicia en Ecuador, lo que puede tener graves consecuencias para la democracia y el Estado de Justicia y Derecho de nuestro país. Pero, la sociedad ecuatoriana también debe, y de hecho un gran número de ciudadanos lo percibe bien, que pese a esta problemática se está observando como Fiscales y Jueces de distintos niveles, especialmente en el campo penal, vienen actuando – aún con amenazas y asesinatos de funcionarios públicos – con estricto apego a la ley, al debido proceso, a las pruebas actuadas, en los diferentes juicios penales que se vienen ventilando en judicaturas, Cortes y Fiscalías. Y esto hay que valorarlo y resaltarlo, porque es un inicio de la recuperación institucionalidad desde adentro; esto es, desde el cáncer interno de la corrupción judicial.

Los jueces, fiscales y abogados tienen un papel fundamental en la administración de justicia en el Ecuador. En términos de proponer ideas que pueden ser o no acogidas por los operadores de justicia propongo algunas que pueden aportar para mejorar esa administración y que se derivan de los problemas detectados: a) Todos, no sólo jueces y fiscales, todos los operadores de justicia tienen que actuar con total independencia e imparcialidad en la toma de resoluciones judiciales; b) Participar en programas de capacitación y formación para mejorar sus habilidades, destrezas y conocimientos; c) Implementar sistemas de gestión de casos para agilizar la resolución de causas y reformar disposiciones procesales que permiten dilatar las causas. Por ejemplo, y lo digo porque soy Abogado litigante, tienen que eliminarse algunos tipos de Audiencias y, el que en audiencias finales, los jueces de primera instancia tengan que en ese momento resolver la causa. Eso es lo más inadecuado judicialmente. Los jueces deben tener un tiempo para luego de escuchar a las partes resolver lo pertinente y motivar explicita y fundamentadamente sus resoluciones como lo dispone la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial. Esta etapa del desarrollo procesal ha ocasionado serios perjuicios a quienes probaron sus fundamentos de hecho y de derecho y, al final, porque el juez quedó impresionado por la labia y las leguleyadas de un locuaz abogado, recibieron una sentencia en contra. Los jueces pierden muchísimo tiempo en audiencias fallidas y en audiencias insubstanciales y, la consecuencia, es una mayor demora en el trámite procesal; d) Mantener una permanente comunicación con las partes, pues esto permitiría, a lo mejor, que se llegue a una conciliación que termine el proceso; y e) Actuar con transparencia y probidad y estar dispuestos a rendir cuentas sobre sus acciones y decisiones legales.

También creo que en un gran plan de reestructurar la administración de justicia en Ecuador, los Abogados tenemos la obligación moral de participar decididamente. Lamentablemente, en Ecuador, algunos abogados han sido criticados por su comportamiento poco ético y su falta de profesionalismo. A continuación, ofrezco algunos ejemplos de comportamientos que conozco y han llevado que casi todos los abogados seamos considerados como “pillos con título” y faltos de ética profesional: a) Corrupción: Algunos abogados han sido acusados de aceptar sobornos para venderse a la otra parte o de ofrecer sobornos a jueces, fiscales o otros funcionarios para influir en la resolución de casos o de ser intermediarios para vender sentencias y otro tipo de resoluciones judiciales; b) Abuso de la confianza: Algunos abogados han sido acusados de abusar de la confianza de sus clientes, utilizando información confidencial para beneficio personal o para dañar a sus clientes; o pactando por debajo de los intereses de sus clientes; c) Falta de transparencia: Algunos abogados han sido criticados por falta de transparencia en sus actuaciones, no informando a sus clientes sobre los avances de sus casos o no proporcionando información clara sobre los costes judiciales y honorarios; d) Conducta deshonesta: Algunos abogados han sido acusados de conducta deshonesta, como mentir, engañar o manipular a sus clientes, oponentes o jueces y fiscales; e) Incumplimiento de las normas éticas: algunos abogados han sido cuestionados por incumplir con las normas éticas establecidas por los Estatutos de los Colegios de Abogados del Ecuador, como no respetar la confidencialidad, no actuar con integridad o no respetar los derechos de los clientes; f) Uso de tácticas dilatorias: Algunos abogados han sido objetados e inclusive sancionados por utilizar tácticas dilatorias para retrasar la resolución de casos, lo que puede generar costes adicionales y estrés para los clientes.

Es importante destacar que no todos los abogados en Ecuador se comportan de esta manera, y que muchos abogados son profesionales éticos y respetuosos que trabajan arduamente para defender los intereses de sus clientes. Sin embargo, es necesario – le duela a quien le duela – abordar estos problemas y trabajar para mejorar la ética y la profesionalidad en la abogacía ecuatoriana.

En resumen, los jueces, fiscales y abogados en ejercicio profesional tienen un papel fundamental en la administración de justicia en el Ecuador. Al mantener la independencia, imparcialidad y la ética profesional, y al colaborar y coordinarse entre sí, pueden contribuir a mejorar la administración de justicia y garantizar la resolución de causas de manera justa y eficiente.

Los Colegios de Abogados y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador también deben participar activamente en este deseo de los ecuatorianos de reestructurar debida, ordenada y legalmente la administración de justicia. Deben constituirse en una potente voz social que opine sobre la problemática nacional, ofrezca ideas y propuestas en el ámbito jurídico para mejorar la legislación nacional, poner a andar a los Tribunales de Honor para sancionar a los Abogados deshonestos y, por lo menos, reformar la Ley de Federación de Abogados que es totalmente obsoleta y que actualmente no sirve para nada. Qué paradójico que los Abogados no tengamos un instrumento legal para la defensa y protección de nuestros derechos.