El miércoles 27 de noviembre, mediante Decreto No 467, el Presidente Noboa solicita a la Asamblea Nacional, una vez que su pedido fue avalado por la Corte Constitucional, de paso a una reforma constitucional parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución en relación al financiamiento de los partidos políticos.

El artículo 110 dice que los partidos políticos se financiaran con aportes de sus afiliados pero que también “recibirán asignaciones del Estado sujetas a control”. El articulo 115 en cambio, debe ser reformado porque dice que “los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias”, por lo tanto, la reforma se encamina a que puedan. Sin embargo, el mismo artículo también prevé que no se usen recursos estatales y que haya sanciones para quienes incumplan. La Asamblea realizar dos debates luego de lo cual debe llamarse a un referéndum para que el pueblo decida.

Por otro lado, el artículo 209 del Código de la Democracia estipula la forma en que se asigna el gasto electoral.  Para las elecciones del 2025, el CNE tiene previsto un total de 13,736,314 usd.  Siendo la mayor parte (5,494,525.60 usd) para los binomios presidenciales, es decir que cada binomio recibirá 343,407.85 usd, cifra nada despreciable.  A esto se le suma que cada lista de asambleístas nacionales recibe 257,555.88 usd, en total los partidos políticos estarían recibiendo 600 mil usd, sin contar todavía asambleístas por el exterior, provinciales y parlamentarios andinos.

Ahora bien, el problema no es tan simple.   Porque si se elimina el fondo partidario las clases económicamente hegemónicas son las que tendrían ventaja, en desmedro de las clases desposeídas.  La mayoría de países opta por una financiación mixta, pública y privada con regulación, siendo El Salvador, Panamá y Chile la excepción, que optan por el financiamiento privado sin regulación.

El decir que los fondos partidarios se destinarían a rubros como de salud y educación solo muestra la improvisación del gobierno al plantear el tema de una forma demagógica, porque el asunto va más allá de preguntar si se desea o no que los partidos políticos reciban fondos estatales, sino que debe haber una reforma integral de toda la legislación electoral del país que realmente evite que se ejerza la democracia en la forma que se lo hace ahora, prostituida.