Australia ha dado un paso audaz al aprobar una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, convirtiéndose en el primer país en implementar esta medida tan restrictiva. Aprobada recientemente por el Parlamento, la ley establece que las empresas que no cumplan con esta normativa podrían enfrentar multas de hasta 32,5 millones de dólares estadounidenses.

El primer ministro, Anthony Albanese, defendió la legislación, argumentando que es fundamental para proteger a los jóvenes de los riesgos asociados con el uso de las redes sociales, un sentimiento respaldado por diversos grupos de padres. Sin embargo, la ley ha generado un intenso debate, especialmente entre críticos que cuestionan su efectividad, la protección de la privacidad y el impacto que tendrá en la conexión social de los menores.

Detalles de la ley y su implementación

La ley, que no entrará en vigor hasta dentro de al menos 12 meses, no especifica qué plataformas serán afectadas, aunque se espera que incluya redes sociales populares como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y X (anteriormente Twitter). Las plataformas de juegos y mensajería quedarían exentas, así como los sitios web accesibles sin crear cuentas.

Para implementar la restricción, el gobierno contará con tecnologías de verificación de edad, pero expertos advierten que estas tecnologías podrían ser fácilmente eludidas por los usuarios a través de herramientas como VPN. Además, no se prevén sanciones para los menores que burlen la ley.

Críticas y reacciones internacionales

A pesar del apoyo de muchos padres, que sienten que la medida les da una solución a la difícil tarea de controlar el uso de redes sociales de sus hijos, varios expertos y empresas tecnológicas se han mostrado escépticos. Gigantes como Google, Meta y TikTok han criticado la ley, señalando que podría ser ineficaz y generar confusión sobre qué plataformas caen bajo la nueva regulación.

A nivel internacional, esta legislación está siendo observada por otros países. Noruega ha expresado su interés en seguir el ejemplo de Australia, y el Reino Unido también está considerando una medida similar, aunque por ahora ha dejado en suspenso cualquier decisión.