La iniciativa para eliminar el financiamiento estatal en campañas electorales, impulsada por el presidente Daniel Noboa, superó el primer filtro de la Corte Constitucional. Ahora, corresponde a la Asamblea Nacional dar trámite a esta reforma parcial que propone redirigir esos recursos a sectores prioritarios como salud y educación.

Otto Vera, primer vicepresidente del Legislativo, analizó en entrevista con NotiMundo los aspectos clave de esta propuesta, las diferencias con intentos previos y los retos que enfrenta este debate.

Vera destacó que, a diferencia de la consulta de 2020, esta propuesta se presenta como una reforma parcial, lo que permite cambios estructurales en el Estado. En 2020, la Corte Constitucional rechazó la enmienda al considerar que restringía derechos fundamentales al eliminar el financiamiento estatal para campañas, mientras que la reforma parcial permite un debate más amplio y debe ser sometida a referéndum.

“La diferencia radica en el procedimiento y en la profundidad de los cambios. La enmienda se tramita directamente en la Asamblea, pero la reforma requiere dos debates, seguido de un referéndum nacional”, explicó Vera.

Uno de los puntos más controvertidos es el posible impacto de la eliminación del fondo en la equidad de las elecciones. Vera advirtió que, sin financiamiento estatal, solo los candidatos respaldados por grandes recursos económicos podrían financiar campañas publicitarias, lo que podría abrir la puerta a intereses privados o incluso ilícitos.

“El presidente propone que las organizaciones políticas sean libres de buscar su financiamiento. Esto podría dar ventaja a los grandes poderes económicos o a actores con agendas oscuras, como el narcotráfico”, alertó.

Aunque el Ejecutivo calificó la propuesta como urgente, Vera recordó que el proceso no puede acelerarse más allá de lo que establece la ley. Se requieren al menos cuatro o cinco meses para completar los dos debates en la Asamblea, antes de que pase al Consejo Nacional Electoral para la convocatoria del referéndum.

“Es imposible que este cambio entre en vigor para las elecciones de 2025. Sin embargo, el debate debe ser profundo y enfocado en proteger la democracia y la equidad electoral”, aseguró.

¿Hacia dónde irán los recursos?

El presidente Noboa ha argumentado que los fondos destinados a campañas —calculados en aproximadamente 50 millones de dólares en la última década— deberían ser redirigidos a sectores críticos como salud y educación. Vera señaló que, aunque esta reasignación parece lógica, también es crucial garantizar que los recursos realmente lleguen a su destino.

“Históricamente, ni los fondos partidarios ni los presupuestos de salud y educación han sido utilizados de manera eficiente. Esta reforma debe ir acompañada de controles más estrictos en todos los niveles”, enfatizó.

Vera indicó que el PSC, al que pertenece, aún no ha definido una posición oficial sobre la reforma, aunque reconoció que su partido ha sido transparente en el uso de fondos estatales. “Tenemos una escuela de formación política activa desde hace años, y nuestros gastos han sido auditados sin observaciones”, aseguró.

Sin embargo, expresó su rechazo a un sistema donde “solo los más ricos puedan competir”, y aseguró que no apoyará cambios que pongan en riesgo la equidad electoral.

La Asamblea se prepara para un arduo debate sobre esta reforma, con posturas encontradas entre partidos y sectores sociales. Mientras tanto, el Ejecutivo presiona para avanzar con rapidez en el proceso.

“El camino hacia un referéndum está lleno de interrogantes. La clave será encontrar un equilibrio entre garantizar elecciones equitativas y redirigir recursos a necesidades urgentes del país”, concluyó Vera.