El 27 de noviembre, la Asamblea Nacional debatió en primer debate el proyecto de ley destinado a ofrecer alivio financiero y fortalecer la economía de las generaciones ecuatorianas, con el fin de mitigar los efectos de la crisis energética.

La sesión comenzó con la intervención de María Eulalia Silva, representante de la Cámara de la Minería del Ecuador, quien presentó cifras destacando que hasta junio de 2024 el sector minero aportará 560 millones de dólares en impuestos. Sin embargo, Silva expresó su preocupación por una disposición reformatoria en el proyecto, que elimina la devolución del IVA al sector minero, una medida que, según ella, podría perjudicar la inversión en el país. Aseguró que Ecuador sería el único país en retirar este beneficio, lo que pondría en riesgo la seguridad jurídica y podría generar litigios judiciales por parte de las empresas mineras.

Por su parte, Valentina Centeno, presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, subrayó que la ley buscará aliviar las finanzas de las familias ecuatorianas y ratificó la eliminación de la devolución del IVA a las empresas mineras, destacando que, a partir de esta medida, se les otorgaría el mismo trato que a las petroleras. Los recursos generados, unos 67 millones de dólares, serán destinados a programas sociales y educativos.

En cuanto a otras disposiciones, Centeno mencionó que el proyecto permite al Servicio de Rentas Internas (SRI) condonar hasta 460 millones de dólares en obligaciones tributarias relacionadas con los apagones, lo que beneficiará a alrededor de 121,000 personas. Además, el SRI podrá extender los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La ley también incluye medidas para la banca, como la condonación de intereses y capitales de créditos educativos para personas con discapacidad, así como la extensión de los plazos para la remisión de intereses y recargos de los créditos educativos de jóvenes que no pueden hacer frente a sus pagos.

Otra de las disposiciones establece que BanEcuador y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no podrán iniciar procesos coactivos hasta el 28 de febrero de 2025. También se implementará un seguro de desempleo inmediato para aquellos que pierdan su trabajo, asegurando así un derecho para los trabajadores. Además, se ofrecerán incentivos a las empresas que mantengan su nómina laboral sin recurrir a despidos.

Blasco Luna, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), propuso que un 10% de las reservas internacionales sean repatriadas para reinvertir en el sector agropecuario y reactivar las actividades productivas. También sugirió la condonación de multas e intereses a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que tengan deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luna insistió en la necesidad de incluir a la bancada privada en la discusión sobre la reducción de tasas de interés, y alertó sobre las posibles implicaciones legales de la eliminación de la devolución del IVA en los contratos mineros, lo que podría generar reclamos arbitrales.

Por último, Jorge Acaiturri-Villa, del Partido Social Cristiano (PSC), respaldó la ley al considerar que las medidas son acertadas para enfrentar la crisis energética, aunque advirtió que no deben ser medidas temporales. Subrayó la importancia de priorizar la inversión para mejorar la calidad de vida en el largo plazo.