El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) inició el 25 de noviembre de 2024 el proceso de contratación para la construcción y equipamiento de un nuevo centro penitenciario en Archidona, provincia de Napo. La obra, que tendrá un costo de USD 51.970.987,12 antes de impuestos, será ejecutada en un plazo de 300 días.

La adjudicación del contrato está prevista para el 9 de diciembre de 2024 y se invitó a la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., subsidiaria de la estatal China Road And Bridge Corporation, encargada también de la construcción de la Cárcel del Encuentro en Santa Elena. Al igual que en ese proyecto, el Gobierno declaró como reservada toda la información relacionada con la nueva prisión.

El presidente Daniel Noboa anunció desde el inicio de su mandato la construcción de dos cárceles bajo un modelo inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Sin embargo, no hay evidencia de que las empresas invitadas al proceso hayan participado en ese proyecto salvadoreño.

En junio de 2020, la compañía china CRBC adquirió el 67% del Grupo Puentes, lo que convirtió a Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L. en parte de su conglomerado.

Desde que se conoció la posibilidad de construir la cárcel en Archidona, surgieron críticas y resistencia en la comunidad. Sandra Rueda, asambleísta por Napo, solicitó información al SNAI sobre el proyecto. En respuesta, Julio Zaldumbide, director del SNAI, aseguró en agosto de 2024 que no estaba contemplada en el Plan de Desarrollo ni en el Plan Anual de Contrataciones del año.

El tema volvió a tomar relevancia en septiembre cuando Yajaira Curipallo, delegada de la Defensoría del Pueblo en Napo, presentó un pedido de medidas cautelares ante la Corte Provincial. Este recurso buscaba dejar sin efecto la declaratoria de reserva y prohibir la construcción, alegando afectaciones potenciales a la comunidad y al entorno local.

El 16 de octubre de 2024, el Tribunal de la Corte de Napo, presidido por Esperanza Araujo, negó las medidas cautelares solicitadas. El fallo argumentó que el trámite debía resolverse por otras vías legales y que no existía una violación de derechos claros debido a que la construcción no estaba oficialmente contemplada en los planes institucionales.

A pesar de la controversia, el proceso de contratación avanza. El proyecto sigue generando debate en Archidona, donde representantes de gremios turísticos, estudiantes y otros sectores temen que la cárcel afecte la calidad de vida y el desarrollo económico de la zona.