El 26 de noviembre, la Asamblea Nacional decidió archivar en primer debate el proyecto económico urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa, que buscaba mejorar la recaudación fiscal a través del combate al lavado de activos. La decisión fue tomada tras una moción presentada por el legislador Jorge Peñafiel del movimiento Construye, respaldada por varios bloques como la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Pachakutik e independientes.

El proyecto fue criticado por diversos legisladores, quienes consideraron que contenía un “tufo a persecución” y tenía un enfoque puramente recaudatorio. Además, se señaló que el texto violaba el principio de unidad de materia, un principio constitucional que exige que un proyecto de ley trate un solo tema.

La moción para archivar el proyecto fue aprobada con el argumento de que no cumplía con los requisitos legales y constitucionales. La resolución fue presentada conforme al artículo 140 de la Constitución y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, lo que formalizó el archivo de la propuesta.