La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del Caso Purga, programada para este 26 de noviembre, fue nuevamente postergada debido a que las solicitudes de revisión y sustitución de prisión preventiva para tres procesados aún no han sido resueltas.

Durante la diligencia, que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, la fiscal general Diana Salazar participó de manera telemática y reafirmó su dictamen acusatorio contra 23 de los 25 implicados en este caso. Entre ellos figuran el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G., y otros funcionarios judiciales, quienes son señalados por la Fiscalía como integrantes de una presunta red de delincuencia organizada dedicada a manipular decisiones judiciales y proteger actividades ilícitas vinculadas, incluso, al narcotráfico.

El juez Javier de la Cadena, encargado del caso, escuchó las intervenciones de todas las partes procesales, incluidas las de la Procuraduría General del Estado y un banco catalogado como víctima. Sin embargo, informó que emitirá su resolución sobre las medidas cautelares este miércoles, 27 de noviembre, a las 08:30.

Ocho meses de investigaciones y diferimientos

El proceso inició en marzo con operativos simultáneos en Guayas y Pichincha que resultaron en la detención de varios sospechosos clave. A pesar de los avances en la investigación, la audiencia de evaluación ya ha sido diferida en dos ocasiones, siendo la primera el 6 de noviembre.

La Fiscalía acusa a los procesados de formar una estructura que ejercía control sobre procesos judiciales y administrativos para obtener beneficios económicos. Dos de los señalados, Rubén Díaz Valdés y Miriam Yesenia Rodríguez, han sido sobreseídos tras un dictamen abstentivo.

Diana Salazar argumentó que los pedidos de revisión de medidas cautelares carecen de pruebas nuevas y buscan retrasar el avance del proceso. Además, señaló que los elementos recabados en las últimas semanas refuerzan las acusaciones contra los procesados.

El diferimiento genera expectativa debido a la relevancia del caso, que ha puesto en evidencia presuntas irregularidades en la administración de justicia y derivado en la separación de 25 servidores judiciales. La resolución de mañana marcará un punto de inflexión en este emblemático proceso.