Vivimos tiempos de baja coherencia entre lo que se expresa y lo que se hace. Especialmente en la esfera política, hemos sido testigos por años de las contradicciones entre lo que dicen los gobiernos de turno y su accionar. Esta mala práctica, asociada a una inconsistencia repetitiva, la hemos tolerado erróneamente como República a lo largo de los años. Hoy vivimos el resultado de nuestra propia permisividad.

En los sectores estratégicos y las empresas públicas relacionadas, la situación antes descrita es usual y conlleva efectos adversos de gran impacto. En las siguientes líneas presentamos algunos ejemplos, así como preguntas sugeridas para el análisis.

Se habla de la necesidad de profesionalizar las EPs como Petroecuador o ENAMI, sin embargo se eligen sus gerentes sin un proceso riguroso a diferencia de como lo haría una empresa internacional de selección.  Se dice que debemos evitar que existan conflictos de interés, pero ninguna entidad se encarga de hacer un proceso previo de inteligencia / investigación para identificarlo. Se indica que demandamos integridad de los funcionarios NJS que entran con un gobierno, pero no se exige que pasen por pruebas de integridad antes de nombrarlos, a pesar que el Estado invierte en unidades especiales y en capacitación contínua de profesionales para aplicar pruebas de confianza.

Existe un consenso tácito respecto a que Lenín Moreno se equivocó al unificar los tres ministerios estratégicos de energía, hidrocarburos y minería. Sin embargo no se toma todavía la decisión de dividirlos nuevamente para corregir el tremendo error cometido, al que se atribuye parte del problema actual que vivimos.

Se ha criticado la falta de estados financieros auditados de las EPs y se ha indicado que es de suma urgencia tenerlos, sin embargo no se cuenta aún con hallazgos de dichas auditorías ni planes correctivos. Se ha criticado también a las agencias de control, tanto de minería, de hidrocarburos y de energía por estar supuestamente infiltradas por personas que se prestan a hechos de corrupción, pero no se aplica un proceso de inteligencia respecto a quienes allí trabajan para determinar la veracidad de esta afirmación.  Situación similar se aplica para el caso de comercio internacional y nacional de Petroecuador.

Respecto a la “minería ilegal” se habla mucho, pero el Estado no desarrolla un proceso serio de legalización de áreas mineras y prevención de la especulación de concesiones, es decir evitar que se obtengan áreas aprovechando “contactos de alto nivel” simplemente para luego revenderlas, en lugar de hacerlas producir. ¿Cuántos títulos mineros se han otorgado después del cierre del catastro? ¿Se ha verificado que los trámites que se continuaron en estos años en efecto fueron ingresados antes del cierre del catastro?

Se exclama que Ecuador debe aprovechar y proteger sus recursos. ¿Por qué entonces no existe hasta hoy una verificación rigurosa de la gama de minerales que están en los concentrados que exporta el país? ¿Qué instancia hace inteligencia de los mercados internacionales de minerales para verificar los precios sobre los cuales se calculan las regalías? ¿Cómo se protege las coronas mineras del país, para que no se entreguen a precio de gallina enferma a los interesados nacionales cobijados bajo un membrete internacional? Respecto al discurso sobre una minería responsable, ¿por qué no se han adoptado hasta ahora estándares como el TSM canadiense para promover efectivamente una actividad responsable?

Respecto al ámbito petrolero, es evidente que el país tiene fuerte dependencia de este sector ya que genera importantes ingresos para la caja fiscal, entonces ¿por qué no se le asigna a Petroecuador los fondos requeridos para su normal operación y mantenimiento? Si las importaciones de combustibles están creciendo debido a la crisis energética ¿Por qué los sistemas de control de pérdidas para la recepción de combustibles que fueron desactivados en 2021, siguen sin funcionar?

Resulta evidente como se ajustan discursos para que la ciudadanía viva frente a un espejismo que la inmoviliza … mientras tanto las acciones seguirán el camino que beneficie a los intereses del grupo de poder de turno. En conclusión, en la esfera pública el discurso y las acciones se mueven en distinta dirección, mientras los políticos se benefician del Juego del Acomodo.