La organización Human Rights Watch (HRW) expresó su preocupación por el creciente número de denuncias de violaciones a los derechos humanos en Ecuador tras la declaratoria de “conflicto armado interno” por parte del presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado. Según HRW, al menos 15 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, más de 80 denuncias de tortura y 200 incidentes relacionados con el uso excesivo de la fuerza han sido reportados en este contexto.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, indicó que la falta de transparencia sobre las 104 personas abatidas por las fuerzas de seguridad genera preocupación. “Es crucial que las autoridades expliquen en qué contexto ocurrieron estas muertes y determinen si se trató de un uso legítimo de la fuerza”, señaló en una entrevista con la agencia EFE.

Además, la Corte Constitucional recientemente anuló varias disposiciones del último estado de excepción, recordando que el “conflicto armado interno” no justifica restricciones a derechos fundamentales como la libertad de reunión.

¿Es adecuada la estrategia de conflicto armado?

Goebertus cuestionó la categorización de “conflicto armado interno” al señalar que este concepto está diseñado para situaciones donde existen grupos con jerarquías y estructuras militares definidas, algo que no se aplica al crimen organizado en Ecuador. “Nadie declararía un conflicto armado para enfrentar a mafias en Nueva York o Chicago; estas organizaciones requieren estrategias distintas, centradas en el fortalecimiento de la justicia y la protección de operadores judiciales”, argumentó.

Justicia en crisis

La directora también destacó la alta impunidad como un factor clave en la crisis de violencia. Según datos del Consejo de la Judicatura, desde 2022 han sido asesinados 15 fiscales y jueces, y muchos enfrentan amenazas constantes. Goebertus denunció que incluso jueces que lidian con casos de crimen organizado no cuentan con medidas básicas de protección, como vehículos blindados.

La falta de recursos en la Fiscalía, con 600 vacantes sin cubrir, y la insuficiencia de herramientas técnicas agravan la situación. En Guayaquil, epicentro de la violencia, investigadores necesitan trasladar maquinaria desde Quito para realizar estudios de balística.

El impacto de la violencia

Aunque el Gobierno reporta una reducción del 18 % en los homicidios, las extorsiones, secuestros y asesinatos vinculados a bandas criminales continúan. Funcionarios municipales, fiscales y autoridades locales han sido blanco de atentados, reflejando la profundidad de la crisis.

HRW subraya la urgencia de fortalecer las instituciones judiciales y garantizar la seguridad de quienes enfrentan al crimen organizado, priorizando soluciones que respeten los derechos humanos y busquen justicia efectiva para las víctimas.