El proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, calificado como urgente en materia económica, generó posturas divergentes durante su análisis por parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Representantes del Gobierno y de la industria automotriz expusieron sus puntos de vista sobre el impacto de esta normativa.

Kimberly Celis, delegada del Ministerio de Economía y Finanzas, subrayó la importancia de garantizar que la tabla progresiva del impuesto a la transferencia de vehículos usados asegure una tarifa ponderada adecuada. La Subsecretaría de Política Monetaria respaldó la propuesta, indicando que el SRI tiene la responsabilidad de definir esta tarifa.

Por su parte, David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz, cuestionó la relación entre el impuesto planteado y el combate al lavado de activos. Señaló que incrementar el impuesto afectaría a más de 360 mil personas involucradas en la compra y venta de autos usados anualmente, mientras que la recaudación estimada sería apenas de 60 a 80 millones de dólares.

En su lugar, propuso alternativas como la actualización de la base imponible de las transferencias y la reclasificación de vehículos híbridos, que podría generar entre 100 y 120 millones de dólares en ingresos.

Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices, advirtió que el encarecimiento de los vehículos podría elevar el costo de vida y la producción en general. Resaltó que el sector agrupa a 120 empresas y genera 114 mil empleos, por lo que cualquier cambio impositivo podría afectar significativamente a esta industria.

La Comisión continúa evaluando las implicaciones económicas y sociales de esta propuesta antes de avanzar en su trámite legislativo.