La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral en el marco de la fiscalización en torno a una posible manipulación del sistema de los datos de homicidios desde el año siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 hasta el año 2023, recibió a delegados del Ministerio del Interior; de la Comandancia General de Policía; y, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a fin de conocer el trabajo que se desarrolla para el cumplimiento del Decreto Ejecutivo sobre esta materia.

Por el Ministerio del Interior, Lyonel Calderón, en su condición de viceministro de Seguridad, detalló las acciones desarrolladas para analizar la posible manipulación de cifras sobre homicidios en gobiernos anteriores. Explicó que se realizaron reuniones con otras entidades, incluido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); Ministerio de Salud; y, la Policía Nacional. “Esperamos que a través de las diferentes mesas de trabajo se pueda establecer la veracidad de las estadísticas”, dijo.

De su lado, el general Freddy Sarzosa, delegado de la Comandancia General de Policía, recordó que en julio de 2023 se creó la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), que tiene tres unidades. Aseguró que es importante establecer las subcategorías de las muertes: naturales; violentas; osamentas y restos humanos; personas encontradas en estado de descomposición; y, muertes por aborto, dentro de las cuales hay otras variables que se deben considerar.

En el caso de muertes violentas, la Policía Nacional una vez conoce la noticia de una muerte, activa la DINASED, se procede con el levantamiento del cadáver y se coordina con la Fiscalía para el inicio de las investigaciones. En este contexto se determina el tipo de muerte, el medio utilizado; y, la causa del deceso. El INEC es el encargado de registrar los datos y enviarlos al departamento de datos de la Policía Nacional, cuando ya se ha validado la información.

Mientras, el delegado del INEC, Jorge García, aseveró que el sistema estadístico es desconcentrado y en este aspecto temas relacionados con menores son manejados por otra instancia. Respecto del Decreto del Presidente de la República en torno a esta investigación, aseguró que se acudió al asesoramiento de Naciones Unidas para desarrollar un análisis eminentemente técnico y apegado a estándares internacionales. “Estamos ejecutando una propuesta de trabajo para garantizar la transparencia de la información, en los diferentes períodos de estudio. Queremos que las estadísticas públicas sean técnicas, transparentes y confiables”, enfatizó.