Con 76 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización, respecto al cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, relacionado al Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico y Fondo Común, durante los años fiscales entre 2019 y 2023.

El legislador ponente, Héctor Valladarez, señaló que los habitantes de la región, por concepto de los fondos amazónicos establecidos en los artículos 60 y 64 de de esta Ley dejaron de recibir aproximadamente 1.548 millones de dólares.

Además, cuestionó los pronunciamientos del Procurador General del Estado que inobservó el artículo 60 de la Ley Amazónica, en realción a la asignación por cada barril de petróleo, lo que perjudicó en alrededor de 522 millones de dólares.

En el debate, los asambleístas Fausto Fernández, Sandra Rueda, Roberto Cerda, Celestino Wisum, Comps Córdova, Amado Chávez y Arturo Moreno, coincidieron en exigir los fondos de la Ley Amazónica, por concepto de utilidades, regalías, excedente y otros, del sector petrolero y minero.

Mediante la resolución se exige al Ministerio de Energía y Minas, Servicio de Rentas Internas y Ministerio de Economía y Finanzas, que elaboren y emitan de manera urgente y coordinada los reglamentos necesarios, para garantizar que los recursos destinados al Fondo Común sean transferidos oportunamente a la cuenta especial de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en el Banco Central del Ecuador.

Entre otros aspectos, se requiere a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial al proceso de asignación y distribución de recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico y del Fondo Común, desde que se aprobó la Ley Amazónica hasta la presente fecha.