La resolución de la Arcotel contra la empresa Cable Andino evidencia un sesgo político derivado de la confrontación electoral entre el presidente Daniel Noboa y Jan Topic, quien aún podría participar en las elecciones de 2025, pese a la cuestionada descalificación impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).   

Según Ramiro García, jurista y académico, la decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) de declarar unilateralmente la extinción del título habilitante otorgado a Cable Andino S.A., bajo el argumento de presuntas “irregularidades” en la adjudicación del contrato, tiene un carácter claramente confiscatorio.   

“Lo más alarmante”, señala García, “es que se haya emitido una resolución sin seguir un procedimiento previo. Nunca se notificó a Cable Andino ni se le otorgó la oportunidad de defenderse ante los supuestos cargos que motivaron esta sanción”.   

Además, subrayó que la propia Arcotel reconoció públicamente que tomó la decisión de manera unilateral, sin garantizar el derecho a la defensa.   

“Esto significa un atropello a la Constitución, las leyes y todo el andamiaje jurídico del país”, enfatizó García, quien calificó la medida como un acto de “autoritarismo e ilegalidad que asombra”.   

La resolución de la Arcotel, concluyó el jurista, tiene un claro carácter confiscatorio.