La Contraloría General del Estado (CGE) lleva a cabo múltiples auditorías sobre la gestión del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Diana Atamaint, en medio de controversias y acusaciones sobre el cumplimiento de sus funciones.

Estas acciones de control incluyen 15 exámenes especiales, la mayoría iniciados a partir de 2018, de los cuales siete están en ejecución actualmente, según un documento remitido por la Contraloría el pasado 14 de noviembre.

Entre las principales acciones de control destacan:

• Revisión de operaciones administrativas y financieras en delegaciones provinciales como Zamora Chinchipe, Carchi y Morona Santiago.
• Examen de procesos de reclutamiento y gestión de personal en Manabí.
• Auditorías al manejo del Fondo Partidario Permanente entregado al partido Avanza y al Movimiento Alianza PAIS.
• Verificación de viáticos, pasajes y declaraciones patrimoniales de funcionarios del CNE.
• Control a la rendición de cuentas de la delegación de Carchi entre 2022 y 2024.

Además, la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central iniciará un examen especial sobre las declaraciones patrimoniales de los consejeros del CNE, como lo solicitó Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS.

Cuestionamientos sobre elecciones del IESS

Llanes también acusó al CNE de incumplir con la organización de elecciones necesarias para designar representantes de afiliados, jubilados y empleadores al Consejo Directivo del IESS. Esto debía realizarse tras la reforma a la Ley de Seguridad Social publicada en julio de 2024, que estableció un cambio en el proceso electoral para estos cargos.

“El CNE no cumplió con los plazos establecidos en las transitorias de la reforma, lo que afectó a más de 3 millones de afiliados y pensionistas, además de 490.700 empleadores”, afirmó Llanes, quien planea solicitar nuevos exámenes sobre esta omisión.

La gestión de Diana Atamaint enfrenta otro desafío: la conclusión del periodo constitucional de seis años de los consejeros principales del CNE. Aunque estos anunciaron que permanecerán en sus cargos hasta ser reemplazados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los suplentes Cristina Kronfle, Mónica Noriega, José Merino y Andrés León han anunciado su intención de asumir como titulares el 20 de noviembre.

“Si los suplentes no asumen los cargos, pueden enfrentar acciones legales, y los actuales consejeros deben abandonar sus funciones porque no existe prórroga constitucional ni legal”, advirtió Llanes, sugiriendo posibles acusaciones por usurpación de funciones.

La transición en el CNE, junto con las investigaciones en curso, proyecta un panorama incierto sobre la estabilidad del organismo electoral y su liderazgo.