En Ecuador, la liquidez total —suma de dólares en circulación y depósitos en el sistema financiero— ha crecido significativamente, pasando de $58.000 millones en 2019 a $85.000 millones en septiembre de 2024, lo que representa el 69% del PIB. Sin embargo, una parte importante de este efectivo circula fuera del sistema formal, un fenómeno que podría tener un impacto sustancial en la economía.

De acuerdo con Fausto Ortiz, exministro de Economía, actualmente existen $19.695,05 millones en efectivo en circulación, equivalentes al 16% del PIB. Esto supera en más de $4.300 millones lo que sería “adecuado” según las necesidades actuales del país. Este exceso de dinero, que podría estar vinculado a actividades ilícitas o simplemente a evasión fiscal, equivale al 3,5% del PIB, una cifra alarmante que duplica los fondos destinados a inversión pública y bonos sociales en años recientes.

Impacto económico del dinero informal

Carla Morales, economista y consultora empresarial, subraya a La Hora que si estos recursos fueran formalizados, no solo se podría fortalecer la recaudación de impuestos, sino también inyectar liquidez en el sistema financiero. Según sus estimaciones, el dinero fuera del radar podría ser incluso mayor, alcanzando hasta $5.800 millones.

Esta regularización, según Morales, permitiría aumentar en más del 10% la cartera de crédito en el país, en un contexto donde los préstamos bancarios han disminuido. En el primer semestre de 2024, los créditos decrecieron un 2%, con un 20% menos de operaciones y una reducción de 11% en clientes atendidos, respecto al mismo periodo del año anterior.

La falta de liquidez en el sistema formal se ha intensificado debido a diversos factores: inseguridad, techos en las tasas de interés que no se ajustan a la realidad económica, y un aumento de la informalidad en un país que lleva una década de estancamiento económico.

Para revertir esta situación, Ecuador necesita reformas profundas en áreas clave como el sistema financiero, las leyes laborales y la seguridad social. Además, sería crucial un plan de choque para integrar a la economía formal los miles de millones que hoy operan al margen del radar estatal.