En la primera fase de socialización de los proyectos de Ley Orgánica de Protección Laboral y Ambiental a los Trabajadores en la Industria del Cemento y Ley Orgánica de Jubilación Especial de Trabajadores y Extrabajadores de la Industria del Cemento, unificados, la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, escuchó los puntos de vista de varios dirigentes sindicales y del Ejecutivo.

El objetivo del proyecto de la asambleísta Mabel Méndez es abordar los problemas de salud laboral y ambientales de la industria del cemento de manera integral, mejorando las condiciones laborales, fomentando la salud ocupacional y promoviendo prácticas ambientales sustentables y sostenibles.

Mientras que la propuesta del Presidente de la República pretende regular el régimen de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, quienes por su ocupación se encuentran expuestos a factores de alto riesgo laboral, y que debido a sus afectaciones justifiquen su jubilación especial; así como aquellos que, de acuerdo a la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento publicada en el Registro Oficial Nro. 153 de 21 de marzo de 1989, no alcanzaron a cumplir con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación especial.

Para este análisis, la Corte Constitucional consideró necesaria la emisión de una ley que regule la situación de los trabajadores de la industria del cemento, la cual debe estar sustentada en estudios actuariales y técnicos.

Posición de los trabajadores

Los sindicalistas recalcan que están expuestos a actividades de peligro y de alto riesgo, como son los químicos que acarrea problemas graves de salud.

Mencionaron que la Ley propuesta del Ejecutivo incrementaría en 0,25 centavos el costo del saco de cemento, lo que complicaría a los consumidores finales, ya que serían ellos quienes terminarían asumiendo el aumento, y no las empresas.

Víctor Rivadeneira, asesor jurídico de los trabajadores de la Industria del Cemento, subrayó que uno de los problemas de la Ley es su financiamiento, mismo que proviene de los aportes de los trabajadores y de un porcentaje de la venta por cada kilo de cemento. “El porcentaje sobre el cual se va a fondear la jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento debe ser discutido en la Asamblea; se debe hacer cálculo de la jubilación de las remuneraciones de los 5 mejores años del trabajador”, dijo.

El presidente de la Asociación de Extrabajadores de la Cemento Nacional, hoy Holcim, Jorge Centeno presentó varias observaciones, entre ellas, el cambio de nombre del proyecto; inclusión del universo de trabajadores; beneficios para los que no tienen 300 imposiciones; un representante del Ministerio de Trabajo ante IESS, entre otras.

Criterio del Ejecutivo

La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez subrayó que la propuesta cumple con lo que señala la Corte Constitucional y el cálculo se sostiene con una contribución especial exfábrica por cada kilo de cemento. Ramiro Vega, actuario del IESS, dijo que se busca determinar un prima o cálculo de beneficio que esté plenamente financiado.

También participaron Nixon Potosí, trabajador de UNACEM (empresa especializada en la producción de cemento); Germán Sinaluisa, secretario general CETUCEM; Juan Carlos Balseca, trabajador y asesor de UCEM; y, Galo Gudiño Rúales, presidente de la Asociación de Jubilados Cementera Selva Alegre.