El Gobierno se encuentra aislado defendiendo la cuestionada sanción administrativa contra la vicepresidente Verónica Abad. En contraste, Abad ha recibido un amplio respaldo, que incluye apoyo del ámbito jurídico, político y de 26 exmandatarios de América Latina y España.  

Ayer, la jueza Nubia Vera Cedeño rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Vicepresidente. Por ahora, sigue vigente la sanción de 150 días de suspensión sin derecho a remuneración impuesta a Abad.  

La jueza, en una decisión polémica, argumentó: “No se determina un hecho que amenace, de modo inminente y grave, con violar un derecho o lo viole de manera objetiva; por lo tanto, se torna improcedente (…) y se niega la medida cautelar solicitada”.  

La audiencia para decidir el futuro de la acción legal presentada por Abad, que busca revertir la sanción, está programada para el 27 de noviembre. Será entonces cuando se resuelva el tema de fondo de la acción de protección.  

Paralelamente, se han activado otros mecanismos para revertir la suspensión. Uno de ellos es una acción de interpretación presentada ayer ante la Corte Constitucional por la Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo resuelto el pasado miércoles por el Pleno legislativo.  

Adicionalmente, el Partido Socialista Ecuatoriano interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo que designó a Sariha Moya como reemplazo de Abad.