El Parque Nacional Galápagos (DPNG) tomó medidas drásticas al iniciar un procedimiento sancionador contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Cristóbal, luego de descubrir que aguas residuales sin tratar estaban siendo vertidas en dos de las playas más emblemáticas de la isla: Punta Carola y Playa de Oro.

Este hecho ha encendido las alarmas de los ambientalistas, ya que el vertido pone en grave peligro el ecosistema marino de la zona, que es tan vulnerable como único. La DPNG considera que esta violación representa una infracción de carácter muy grave según la normativa ambiental vigente.

Durante una inspección rutinaria, personal de la Unidad Técnica de San Cristóbal confirmó el vertido ilegal. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, este tipo de contaminación podría ser considerada una infracción muy grave, lo que conlleva severas sanciones.

Acciones legales en marcha

Además de iniciar el proceso administrativo, la Dirección de Asesoría Jurídica de la DPNG ha remitido el caso a la Fiscalía General del Estado, solicitando que se tomen acciones legales contra los responsables de este acto que amenaza la riqueza natural de Galápagos.

La DPNG ha dejado claro que, con esta medida, buscan proteger el frágil entorno de las islas para las generaciones actuales y futuras, asegurando que el respeto al medio ambiente es una prioridad innegociable.