Nuestra querida ciudad, Quito —la “Franciscana”, la “Carita de Dios”, la “Luz de América”, la “Patrimonial”— puede recibir muchos nombres, pero hoy en día pocos de ellos parecen reflejar la realidad que vivimos. Todo lo que alguna vez nos hizo sentir orgullosos de nuestra capital ha comenzado a desmoronarse, en gran parte, debido a la ineficiencia con que se administran sus bienes y servicios. Y cuando hablamos de ineficiencia, no podemos dejar de señalar al Pádel, que parece ser uno  el director de esta sinfonía en donde participan los entes más desorganizados y desatentos, afectando directamente el bienestar de los quiteños. 

Hoy, además de los constantes racionamientos de electricidad a nivel nacional, nos enfrentamos a la escasez de agua. Comienzan los racionamientos que tiene una justificación lógica, dada la sequía que afecta a nuestra ciudad, pero lo que resulta incomprensible es la falta de regulación en ciertos sectores. Por ejemplo, ¿ha recorrido usted las calles de Solanda? Si lo hace, probablemente se sorprenderá al ver cómo los negocios de lavado de autos, muchos de los cuales operan de manera informal en plena vía pública, continúan haciendo uso del agua sin ninguna restricción ni regulación. Lo que más sorprende es que, mientras las tarifas comerciales se aplican para el uso de electricidad, en el caso del agua ni siquiera se ha considerado cobrarles una tarifa adecuada a estos negocios que, al parecer, han encontrado en esta práctica un negocio altamente rentable. 

Es desconcertante cómo nuestra ciudad, a pesar de los constantes golpes que recibe, sigue adelante. Los emprendedores y empresarios que emplean a cientos de personas mantienen una actitud de resiliencia frente a la inoperancia de las autoridades, pero esta misma resiliencia se ve cada vez más como una aprobación a la falta de acción de quienes deberían liderar el cambio. En lugar de ser una ciudad donde los ciudadanos podamos tener una voz activa y transformadora, nos hemos convertido en meros espectadores, asentimos con la cabeza y, en muchos casos, buscamos solucionar problemas que no hemos causado nosotros mismos, o que tal vez sí, si pensamos en nuestra responsabilidad como votantes. 

Es cierto que el alcalde no puede controlar la sequía, pero sí tiene la responsabilidad de utilizar las instituciones a su disposición para exigir el cumplimiento de las reglas básicas de convivencia. Esas reglas, que nos ayudarían a hacer frente a la crisis, son precisamente lo que más falta nos hace en estos tiempos. Como sociedad, somos rápidos para pelear con el vecino, pero a la hora de exigir que se respeten nuestras necesidades y derechos básicos, pareciera que somos un pueblo complaciente, dispuesto a ser la “alfombra” de los intereses de quienes han tomado las riendas de la ciudad.