El Pleno de la Asamblea Nacional decidió no autorizar el enjuiciamiento penal de la legisladora Mónica Palacios, con 26 votos a favor de la moción, 84 en contra y 10 abstenciones. Esta resolución impide que avance la querella por calumnias presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en base a la solicitud de la jueza Mercedes Caicedo, de la Corte Nacional de Justicia.

Ana María Raffo, promotora de la moción, destacó que este fallo envía un mensaje claro al Ejecutivo: “Los legisladores no vamos a ser avasallados”, subrayando que la Asamblea debe proteger la democracia frente a acciones gubernamentales que considera contrarias a esta. Mencionó ejemplos como la negativa de inscripción de un candidato presidencial y la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad.

Raffo argumentó que Palacios estaba ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión y la facultad fiscalizadora que le otorga la Constitución, por lo que no correspondía autorizar el proceso penal.

De acuerdo con el artículo 128 de la Constitución y el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el inicio de un proceso penal contra un asambleísta requiere autorización del Pleno si está relacionado con el ejercicio de sus funciones.

Reacciones de Mónica Palacios

Tras el fallo, Palacios publicó un video en sus redes sociales criticando al presidente Noboa por, según ella, utilizar instituciones estatales para atacar a opositores políticos. Señaló que en una semana, el mandatario habría manipulado al poder electoral para excluir a Jan Topic de la contienda presidencial y suspendido ilegalmente a Verónica Abad.

“La Asamblea le demostró al presidente que aquí se cumple la Constitución”, declaró Palacios. También acusó a Noboa de improvisar en el manejo del país y de arremeter especialmente contra mujeres que no se alinean con sus decisiones.

“No podemos seguir permitiendo la tiranía de un niño rico”, concluyó la legisladora.

Este episodio refuerza las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, dejando en evidencia los retos de gobernabilidad que enfrenta el presidente Noboa.