EDITORIAL | Doble canallada del Presidente: proscribir políticamente a la vicepresidenta Verónica Abad y al excandidato presidencial Jan Topic. La primera, porque le hace sombra en Carondelet; el segundo, porque amenazaba con arrebatarle el poder.
Todo motivado por un capricho insano: la gula del poder absoluto.
De esto nadie tiene pruebas, tampoco dudas.
El mandatario no imaginó que la opinión pública, la academia y la comunidad jurídica se alinearían con la fuerza de la razón y el peso de la verdad, en contra de sus inconfesables y cuestionables ambiciones políticas.
Lo cierto es que el Presidente no sabe cómo contener su caída libre en las encuestas.
La inhabilitación de la Vicepresidenta es una barbaridad jurídica; mientras que la descalificación de la postulación presidencial de Topic no deja de ser un abuso de poder. En ambos casos hay un desprecio total por el Estado de derecho.
En el caso de Abad, el Gobierno ha dado un paso más, un salto al vacío: un golpe de Estado institucional. Por muy suspendida que esté, Abad sigue siendo la Vicepresidenta elegida constitucionalmente, y no se puede poner en duda su legitimidad en el cargo. ¿Fue torpeza o spoiler del jefe militar desconocer a la Vicepresidenta y desalojarla de su oficina? Solo el tiempo lo dirá.
La proscripción de Abad y de Topic evidencia una política de miedo al poder alterno. Pero, ¿puede el país callar cuando la democracia se vuelve capricho de uno solo?
Las urnas hablarán y el delfín bananero callará.
Este artículo es un ejemplo claro de cómo ciertos sectores de la vieja clase política ecuatoriana, plagada de intereses empresariales corruptos y de pseudoempresarios, buscan desacreditar al Presidente mediante ataques personales y manipulaciones sin fundamentos. La narrativa utilizada es evidentemente ofensiva y políticamente interesada, claramente diseñada para deslegitimar al mandatario bajo el disfraz de un supuesto “defensor de la democracia”. Sin embargo, al analizar los argumentos presentados, queda en evidencia que lo que realmente subyace aquí es una resistencia del poder tradicional a perder sus privilegios y a enfrentarse a un liderazgo que amenaza con exponer sus fechorías de décadas.
El lenguaje y las afirmaciones del editorial no solo son incendiarios, sino que carecen de toda base probatoria. Acusaciones como “gula del poder absoluto” y “caída libre en las encuestas” son afirmaciones vacías, carentes de respaldo real, utilizadas únicamente para manipular la percepción pública y generar rechazo hacia el Presidente. Afirman que la decisión de inhabilitar a la Vicepresidenta es una “barbaridad jurídica” y que la descalificación de Topic es un “abuso de poder”, pero no ofrecen ningún análisis legal de fondo, ni contexto, ni un solo hecho verificable que respalde tales acusaciones. En lugar de aportar argumentos sólidos, optan por el alarmismo y la difamación.
El artículo se presenta como una defensa de la democracia y del “Estado de derechos”, sin embargo, omite por completo los procesos legales y constitucionales en juego, buscando simplificar una situación compleja en una retórica de “golpe de Estado institucional”. Se trata de un clásico ejemplo de la estrategia que utiliza la clase política desgastada en su intento de desacreditar a figuras que no se alinean con sus intereses y que representan un cambio en el statu quo.
La crítica final a las “ambiciones políticas” del Presidente se basa en un juego de palabras vacío y en la incitación al miedo, buscando simplemente moldear la percepción pública mediante el uso de eslóganes emocionales y acusaciones sin sustancia. La mención de “las urnas hablarán y el delfín bananero callará” es un intento descarado de desacreditar de forma burda y ofensiva, sin aportar nada de valor al debate político ni al análisis de los temas de fondo.
Es evidente que este editorial no busca ofrecer una crítica legítima o bien fundamentada, sino que es un ataque visceral, carente de neutralidad, y motivado por intereses particulares de la élite política. En resumen, este artículo ejemplifica la desesperación de aquellos que ven amenazados sus privilegios por un liderazgo que, aunque pueda ser cuestionable en sus métodos, tiene un claro mandato del pueblo y una visión de cambio.
es evidente que quien hace este comentario carece de conocimientos de la que dicta la constitución y reconoce que los métodos utilizados por el presidente pueden ser cuestionables lo que quiere decir es que justifica “que el fin justifica los medios” aunque esto signifique pisotear el estado de derecho y la Constitución bonita forma de defender lo indefendible
El mismo argumento del editorial: falta de argumentos para rebatir una opinión bien clara y sensata
Es curioso que se intente distorsionar mi respuesta para sugerir que defiendo un “fin que justifica los medios,” cuando mi comentario inicial se centra en señalar la falta de fundamentos y el evidente sesgo en el artículo al que respondí. La acusación de “pisotear el Estado de derecho” carece de sustento y refuerza mi punto: un ataque sin pruebas y con fines claros de manipulación.
Jamás insinué que las acciones del presidente sean incuestionables. Mi crítica se dirigió al uso de eslóganes emocionales en lugar de un análisis riguroso que respalde las acusaciones. Si realmente hubiera interés en defender el Estado de derecho, se debatiría con argumentos sólidos y no con retórica vacía.
Parece ser que el “anónimo” no lee noticias ni mira noticieros. Los más destacados abogados del país se han expresado sobre los dos casos de tremendo abuso y autoritarismo con el que Noboa viene actuando.
Los argumentados, fundamentados criterios jurídicos vertidos, constituyen lo que se denomina “testimonios de autoridad”, y justifican plenamente este “Editorial” con el que coincido plenamente, aunque considero que se quedó corto, porque bien se podía haber aprovechado para evidenciar otros actos de autoritarismo.
Mi coincidencia con este editorial se basa en que considero que es imperativo para el país que se respete la institucionalidad, las normas jurídicas y los procedimientos, ya que son la única forma de tener un país con la necesaria seguridad jurídica para que se generen las inversiones privadas que fomenten el crecimiento del país. Todas estas arbitrariedades, como las que cometió Correa, atentan contra esa seguridad jurídica y ahuyentan a los capitales privados que huyen de países con regímenes autoritarios.
Toda gestión de poder público está directamente relacionado con las condiciones para avanzar por un camino de crecimiento económico y bienestar general.