América Latina y el Caribe, con solo el 8% de la población mundial, enfrentan un grave desafío de violencia que representa un tercio de los homicidios globales, según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta violencia no solo afecta la seguridad y la vida de los ciudadanos, sino que también socava la economía de la región, reduciendo la inversión, la productividad y el crecimiento, al tiempo que erosiona la confianza en las instituciones.

El costo directo de la delincuencia en la región asciende al 3,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale al 78% del presupuesto público para educación y al doble del gasto destinado a asistencia social, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La violencia genera efectos dominó que trascienden a las víctimas, afectando la actividad económica, el turismo y la migración, entre otros factores.

Ocho de los diez países más violentos del mundo son latinoamericanos, con Brasil, Colombia y México concentrando el 70% de los homicidios en la región.

El BID recalca que el crimen organizado es uno de los mayores problemas, siendo responsable de la mitad de los homicidios en las Américas, con una creciente presencia en zonas estratégicas como puertos y rutas comerciales. Además, fenómenos como el cibercrimen plantean nuevos retos.

En cuanto a los costos del crimen, el BID destaca que el gasto público en seguridad promedia entre el 3 y el 3,5% del PIB en 17 países de la región.

Este gasto está dividido entre la pérdida de capital humano (22%), el gasto empresarial en mitigación (47%) y el gasto público en prevención y justicia (31%).

El informe también señala que la violencia afecta el crecimiento económico. En particular, un aumento del 10% en los homicidios a nivel municipal reduce la actividad económica en un 4%. Reducir las tasas de homicidio podría aumentar la actividad local en un 30%, lo que demuestra el impacto económico de la inseguridad.

El FMI también destaca que la violencia afecta el crecimiento económico. Reducir la tasa de homicidios al promedio mundial (disminuir un 60%) podría aumentar el crecimiento anual en un 0,5%, lo que implicaría un crecimiento del PIB de un 5% en 10 años. Sin embargo, el informe advierte que aumentar el gasto en seguridad pública no es suficiente y que se requiere un enfoque integrado que mejore la eficacia del gasto y aborde problemas estructurales como el acceso al trabajo y la mejora del Estado de derecho.

Finalmente, se subraya que la educación y las oportunidades económicas para los jóvenes, así como un enfoque coordinado entre los distintos niveles de gobierno, son clave para mitigar el impacto de la violencia. El estudio concluye con la necesidad de establecer una plataforma regional para la recopilación y análisis de datos, lo que podría facilitar políticas más efectivas en la lucha contra la violencia en la región.