La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, y su equipo legal han emprendido diversas acciones para impugnar la decisión del Ministerio de Trabajo que, el pasado 8 de noviembre, resolvió suspenderla de su cargo por 150 días.

El 11 de noviembre, sus abogados, Damián Armijos y Dominique Dávila, solicitaron a la Asamblea Nacional exponer pruebas audiovisuales sobre la audiencia administrativa que derivó en la sanción, argumentando que hubo irregularidades y contradicciones en el procedimiento. Además, pidieron que se reanude el debate sobre una carta enviada por Abad en septiembre, en la que solicita la fiscalización de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y una investigación que alcance también a la Presidencia de la República.

El equipo legal también ha presentado una nueva acción de protección para frenar la suspensión y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares. Armijos cuestionó la legalidad del encargo de la Vicepresidencia a Sariha Moya, afirmando que la suspensión aún no es definitiva.

Por su parte, la Asamblea, a través de su presidenta Viviana Veloz, ha convocado a una sesión para el 13 de noviembre, en la que se analizará el caso. No se descarta que Abad participe de forma virtual. Varios legisladores, como Leonardo Berrezueta y Jorge Peñafiel, han señalado que el Ministerio de Trabajo no tiene competencias para sancionar a la vicepresidenta, afirmando que esta decisión vulnera la Constitución.

Mientras tanto, Abad, actualmente fuera del país, continuará apelando en instancias administrativas y jurídicas, mientras sostiene que su cargo sigue vigente.