El abogado constitucionalista José Chalco Salgado se pronunció este lunes sobre las recientes decisiones políticas y legales que han generado controversia en el país. Chalco calificó como un “fraude constitucional” la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad por 150 días, argumentando que no tiene sustento en la Constitución ni en la ley.

“La Constitución es clara en sus artículos 146 y 150: las causales de ausencia temporal son enfermedad, fuerza mayor o licencia aprobada por la Asamblea Nacional. Un sumario administrativo no está contemplado como causal de ausencia temporal, menos como destitución”, afirmó Chalco.

El abogado denunció que el Ministerio de Trabajo excedió sus competencias al imponer esta medida. “La ministra de Trabajo no es autoridad nominadora. No tiene facultad para sancionar a funcionarios electos popularmente. Esto no solo afecta los derechos de la vicepresidenta, sino también de sus electores”, dijo.

Chalco explicó que el acto administrativo aplicado a la vicepresidenta es nulo por contravenir normas constitucionales. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos como Petro vs. Colombia y López vs. Venezuela, ha señalado que funcionarios electos no pueden ser destituidos por actos administrativos.

“La sanción viola derechos fundamentales y expone al Estado ecuatoriano a responsabilidades internacionales. Esta medida burlesca y desproporcionada pone en riesgo el respeto al Estado de derecho y podría generar sanciones en foros internacionales”, advirtió.

Alternativas legales

El constitucionalista planteó que la vicepresidenta puede impugnar la medida en las instancias contencioso-administrativas o mediante una acción de protección. Además, sugirió que la Corte Constitucional debe intervenir, incluso a través de una consulta de norma, para revisar la constitucionalidad del acuerdo ministerial que permitió la sanción.

Finalmente, Chalco instó a las autoridades a actuar con calma y legalidad. “El Ministerio de Trabajo debe reconsiderar su decisión. La serenidad y el respeto a la Constitución son imprescindibles en este momento crítico”, concluyó.

El debate sobre la suspensión de la vicepresidenta continúa, mientras se cuestiona el impacto que esta medida podría tener en la estabilidad política del país y en su imagen internacional.