En una entrevista para Contacto Directo, el constitucionalista André Benavides abordó la polémica suspensión de Verónica Abad, vicepresidenta, impuesta por el Ministerio de Trabajo. La decisión, que ha desatado una crisis institucional, implica una suspensión de 150 días sin sueldo, basada en un procedimiento administrativo cuestionado por su legalidad.

Benavides comenzó explicando que Abad, electa mediante voto popular como vicepresidenta, también fue designada por el presidente Daniel Noboa como embajadora en Israel y luego en Turquía. Sin embargo, subrayó que el encargo diplomático no debería interferir con su rol constitucional como segunda mandataria del país.

“El Ministerio de Trabajo excedió sus competencias. Suspendieron a la vicepresidenta como funcionaria pública, lo que, en esencia, anula temporalmente sus funciones como segunda mandataria, algo que la Constitución no permite. La Constitución establece que los controles sobre dignatarios de elección popular, como el presidente y el vicepresidente, corresponden exclusivamente a la Asamblea Nacional”, explicó.

Según el experto, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) establece que la sanción máxima por ausencias laborales es de 30 días. Sin embargo, en este caso, el Ministerio impuso una suspensión de 150 días, algo que Benavides calificó como arbitrario y una “calculadora política” para evitar que Abad asuma funciones presidenciales en caso de ausencia de Noboa.

“La sanción no solo es desproporcionada, sino que además carece de fundamento legal. Esto demuestra un uso indebido del derecho administrativo para fines políticos”, afirmó.

Implicaciones políticas y jurídicas

Benavides alertó que esta resolución podría desencadenar graves consecuencias para la institucionalidad. “Si el presidente solicita licencia, Abad, como vicepresidenta, debería asumir sus funciones. Sin embargo, con esta suspensión, podría configurarse una ‘ausencia temporal’, permitiendo al presidente nombrar una vicepresidenta encargada. Tras 90 días, esto se consideraría una ausencia definitiva, lo que habilitaría a la Asamblea Nacional a escoger una nueva vicepresidenta de una terna enviada por Noboa”, advirtió.

Además, calificó la medida como un intento de debilitar a Abad políticamente. “Estamos viendo un ataque concertado contra su investidura, desde multas impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral hasta esta sanción administrativa. Esto no es solo un asunto legal, es un tema político claro”.

¿Qué caminos legales tiene Abad?

Benavides recomendó que Abad presente una acción de protección para impugnar la resolución del Ministerio de Trabajo. Según la ley, esta acción debería resolverse en un plazo máximo de 15 días, lo que podría restablecer sus derechos constitucionales antes de que la suspensión cause mayores daños.

“Ella podría también acudir al contencioso administrativo, pero estos procesos pueden tardar años. La vía más rápida y eficaz es una acción de protección, que podría decidirse en una semana”, explicó.